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Análisis
La batalla del fracking
Iñigo Herce
El debate sobre la explotación de gas mediante fractura hidráulica se presenta como una batalla política, económica, judicial y de opinión pública en la que Euskadi va a estar en el centro geográfico.
La técnica de extracción de hidrocarburos por fractura hidráulica, más conocida como fracking, promete ser una de las cuestiones que más debate y movilización va a concentrar en los próximos meses y años en Euskadi. La sospecha de la existencia de bolsas de gas de esquisto en Álava y frente a la costa vizcaína sitúa a la CAV en el centro geográfico de los intereses de empresas y gobiernos. La cuestión tiene muchas implicaciones, y la batalla promete plantearse en muchos frentes: el político, el económico, el judicial y, sobre todo, en el de la opìnión pública y la movilización social.
Fue el Ejecutivo de Patxi López quien anunció la intención de explotar el yacimiento alavés, conocido como Gran Enara, mediante acuerdos con empresas norteamericanas especializadas en esta técnica de extracción. La imagen del entonces lehendakari visitando una explotación mediante fracking en Texas, ataviado con un casco y unas gafas protectoras, contrasta ahora con el giro copernicano que acaban de dar los socialistas vascos respecto a este sistema de extracción al anunciar, nada menos que en el Parlamento Vasco, que “se equivocaron” al apoyar la fractura hidráulica y mostrar su preocupación por las consecuencias medioambientales que este sistema pueda tener.
El PNV es partidario de “la investigación de recursos naturales que puedan existir” en el subsuelo de Euskadi, aunque rechazan “la explotación y exploración sin las debidas garantías medioambientales”. Desde Alava se han oído voces contrarias a la postura oficial: el candidato jeltzale al Ayuntamiento de Vitoria, Gorka Urtaran, se ha mostrado más crítico y ha pedido a su partido que deje la ambigüedad respecto esta cuestión. El PP se muestra a favor, pero su alcalde en la capital alavesa, Javier Maroto, también se ha posicionado en contra. Euskal Herria Bildu mantiene una postura contraria y sin ambages.
El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Arantza Tapia y del Ente Vasco de la Energía (EVE) y la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), sigue adelante con los trámites legales que permitirían, eventualmente, iniciar la exploración real del yacimiento alavés en 2019, lo que permitiría comprobar la cantidad y calidad de la explotación. Sólo en ese momento, una vez introducidos los tubos, sabremos si Euskadi cuenta con una bolsa de gas que permita aumentar su abastecimiento y soberanía energética.
También el Gobierno de España juega sus cartas para preparar el terreno a la fractura hidráulica al lanzar un plan de incentivos para comunidades autónomas y ayuntamientos como para los propietarios de los terrenos en los que se extraiga el gas, con la vista puesta precisamente en potenciar los alicientes pecuniarios y promover un cambio de opinión entre los posibles beneficiarios.
Mientras tanto, grupos empresariales interesados en entrar en la explotación del gas en Euskadi comienzan a trabajar para la que se presenta fundamentalmente como una batalla de la opinión pública. De momento, quienes han copado el espacio y llevan la iniciativa son los grupos opositores al fracking. Son más las voces de quienes ponen sobre la mesa los peligros medioambientales de este tipo de explotaciones que la de quienes las defienden. Técnicos que llevan años trabajando el campo de los hidrocarburos defienden que las afecciones sobre los acuíferos, la introducción de elementos químicos en el subsuelo o los posibles movimientos sísmicos ocasionados son mínimos y controlables, poniendo en el otro lado de la balanza la autosuficiencia energética y la disminución de la factura como elementos positivos a valorar, dentro de una estrategia de política energética que tienda hacia el autoabastecimiento. Pero estas posturas se defienden en privado y casi nadie quiere asumir el costo social de presentarse como defensor del fracking, cuando la percepción social es la de que se trata de una técnica invasiva, no contrastada suficientemente y con unas consecuencias de impacto sobre la naturaleza imprevisibles.
Todo parece indicar que no será hasta mayo, una vez pasadas las elecciones municipales y forales, cuando se active de forma más intensa el debate. El Parlamento ha tramitado una iniciativa legislativa popular que cuenta con más de cien mil firmas que posibilitará acometer el debate. Sería deseable que, más allá de las posiciones políticas prefijadas, este sirviera para dotar de elementos técnicos con los que poder extraer conclusiones objetivas a la hora de tomar decisiones.
