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Diputación de Gipuzkoa

Aprobado el acuerdo para un nuevo plan industrial en Candy Bergara

Garitano ha hecho un llamamiento al Gobierno Vasco para que se sume a este camino de colaboración a través del cual pretenden que "Candy sea pionera y modélica".

Garitano, junto a los representantes de los trabajadores. Foto: Efe
Garitano, junto a los representantes de los trabajadores.
Garitano, junto a los representantes de los trabajadores. Foto: Efe

Redacción

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La Diputación de Gipuzkoa ha cerrado un acuerdo con la firma Candy y con el comité de empresa para facilitar que un nuevo inversor ponga en marcha otro proyecto industrial en la planta de Bergara, en la que tendría un alquiler en condiciones ventajosas, aunque no podría fabricar electrodomésticos.

El diputado general, Martin Garitano, acompañado por su jefa de gabinete, Agurne Barriuso, así como por representantes de los cinco sindicatos con representación en el comité han suscrito hoy en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián este acuerdo, que ya había sido firmado previamente por la empresa, que no ha acudido al acto.

Garitano ha opinado que en este tipo de situaciones hay que actuar con "responsabilidad", especialmente cuando lo que está en juego es el trabajo de las personas.

Ha reconocido que en el caso de Candy "será tarea ardua" encontrar a un inversor, pero ha advertido de que la Diputación hará todo lo posible, "mientras haya posibilidades", para que "ningún trabajador caiga en la pobreza".

Garitano ha hecho un llamamiento al Gobierno Vasco para que se sume a este camino de colaboración a través del cual pretenden que "Candy sea pionera y modélica".

Tras la intervención de Garitano, representantes del comité de empresa han leído un comunicado en el que también demandan la implicación del Ejecutivo autonómico en este camino que, según reconocen, "no saben si tendrá frutos".

Los representantes de los trabajadores han explicado, a preguntas de los periodistas, que el inversor, que debería aparecer en plazo de unos "cuarenta días", tendría los pabellones alquilados a un precio inferior al del mercado y contaría con las indemnizaciones de los trabajadores que aguardan una recolocación, que ascienden a 76.

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