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Consejo de ministros

El Gobierno aprueba la ley de mutuas y la gestión de la incapacidad

Según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la ley clarifica y sistematiza el régimen jurídico de las mutuas. UGT y CCOO han rechazado el proyecto de ley.

Foto: EFE
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Polémica sobre las Mutuas: Privatización galopante o reforma necesaria

1:33

Redacción

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley que reforma las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el real decreto de la gestión de la incapacidad temporal (IT).

Así lo han señalado hoy en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

La ministra ha destacado que la ley clarifica y sistematiza el régimen jurídico de las mutuas y ha añadido que mejora las prestaciones del sistema en beneficio de los trabajadores y previene los riesgos laborales.

Con esta reforma, la inspección médica de los Servicios Públicos de Salud deberá comunicar a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo de cinco días hábiles la emisión del alta de un trabajador o su denegación.

Si el Servicio Público de Salud desestima la propuesta de alta de la mutua o no contesta en forma y plazo, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en 4 días.

Ahorro de 300 millones

El Gobierno calcula que la mejora de la gestión de la incapacidad temporal permitirá ahorrar en prestaciones 300 millones anuales. Además, se regula la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico.

De este modo, si en plazo de 4 días el trabajador no ha justificado debidamente su ausencia se extinguirá la situación de incapacidad temporal.

Los trabajadores no deberán desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger los partes, sino que este trámite estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico.

Rechazo sindical

UGT ha rechazado el proyecto porque prima los intereses económicos frente a los trabajadores y compromete sus derechos a la protección social y a la recuperación de la salud.

CCOO considera que la ley de mutuas refuerza, contra el criterio expresado por los sindicatos, el carácter privado de estas entidades y les mantiene competencias que cuestionan la capacidad de los medios públicos para gestionar las prestaciones.

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