Un empresario condenado a 6 años por defraudar 2 millones en Gipuzkoa

Un empresario que defraudó más de dos millones de euros a la Hacienda foral de Gipuzkoa ha sido condenado a penas que suman seis años de cárcel y a pagar una multa de cuatro millones de euros.

Según la sentencia del caso, a la que hoy ha tenido acceso EFE, el procesado era el "administrador de hecho" de una empresa dedicada a "la compraventa de terrenos e inmuebles y el alquiler, construcción, mantenimiento y rehabilitación de obras públicas y civiles".

La resolución judicial explica que, "con la finalidad de ocultar su condición de gestor real" de la firma, el encausado hizo constar en agosto de 2004 a una de sus empleadas, que realizaba funciones de limpieza, como "fundadora y administradora única" de la compañía, cuya sede social también fue establecida en el domicilio de la trabajadora.

Posteriormente, el 18 de febrero de 2005, el procesado nombró administrador único de la empresa a otro de sus operarios que realizaba trabajos de peón, y cuya vivienda fue designada como nuevo domicilio social de la compañía.

Finalmente, el 12 de enero de 2007, el empresario nombró por tercera vez a un nuevo administrador de la firma cuyas acciones compró a la primera empleada para convertirse en "socio único" de la compañía.

La resolución judicial aclara que la empresa constaba como titular de diez cuentas bancarias, a pesar de lo cual el imputado no figuraba como autorizado en ninguna de ellas y desvela que, durante este tiempo, ni los administradores ni el procesado "cumplieron con las obligaciones contables y registrales que vienen establecidas en la legislación mercantil y tributaria" ya que, "de hecho, no existían libros de contabilidad ni tampoco se depositaban las cuentas anuales en el registro".

La resolución judicial aclara que, "como consecuencia de la utilización de administradores ficticios y de la opacidad con que se gestionaba la empresa, Hacienda tardó varios meses en identificar al verdadero administrador de la sociedad, hasta que el 24 de julio de 2009, el acusado compareció voluntariamente ante la inspección".

La sentencia considera ahora a este hombre responsable de cuatro delitos contra la Hacienda Pública por los que le impone penas que suman seis años de cárcel y le obliga a pagar una multa de más de cuatro millones de euros, al tiempo que le obliga a indemnizar a la Hacienda foral con más de dos millones de euros, por las cantidades defraudadas, incrementadas en  los correspondientes intereses legales.