El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal de 2012

El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, la amnistía fiscal promovida en 2012 por el ministro de Hacienda del Gobierno español, Cristóbal Montroro, al considerar que la medida fue inconstitucional, según ha informado el alto tribunal.

Sin embargo, la sentencia no afectará a las regularizaciones firmes que se hicieron a su amparo.

El Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso contra esta regularización fiscal.

El fallo declara inconstitucional y anula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10%, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.

La sentencia dictamina que el decreto es inconstitucional porque la materia que regula no puede ser fijada mediante un mero decreto ley, pues tiene rango constitucional.

El alto tribunal vierte duras críticas contra la decisión del Gobierno popular, y no solo por el aspecto formal -que es el que determina la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal- sino también por el fondo mismo de la medida.

Apunta que la amnistía fiscal "supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

De esta forma, añade, se legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".

En conclusión, dice el TC: "El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario".

Lo que el fallo del TC declara inconstitucional y anula, concretamente, es la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10 %, sin que se impongan sanciones, intereses ni recargos.

El Gobierno le resta importancia

El Gobierno español ha admitido este jueves que el fallo es una "contrariedad", pero ha subrayado que es un reproche sobre el procedimiento legislativo elegido que no cuestiona la medida.

Desde el Ejecutivo obvian las críticas del TC y se centran en el procedimiento. Así, subrayan que en la sentencia no se cuestiona nada relativo a la regularización en sí, sino que se usara el decreto-ley siendo un tema que afectaba a deberes del ciudadano, que están excluidos de esa fórmula legislativa.

Peticiones de dimisión

La asociación de técnicos de hacienda Gestha ha pedido hoy la dimisión del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, quien ha pedido dar su versión en el Congreso.

Unidos Podemos y el PSOE se han unido a esa petición.