Exconsejeros: 'Con Blesa se generalizaron los gastos personales'

La mayoría de los diez exconsejeros de Caja Madrid que han declarado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu han señalado que, a partir de 1996, con la entrada de Miguel Blesa en la presidencia de la entidad, se generalizaron los "gastos personales" con las 'tarjetas black' opacas al fisco, que eran utilizadas con una gran "flexibilidad", según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Los imputados han llegado a la Audiencia Nacional en mitad de los insultos y abucheos de una veintena de preferentistas, que les esperaban desde primera hora de la mañana.

Con menos presencia policial que en otras ocasiones, los afectados por las preferentes, que portaban carteles en los que se puede leer "estafa bien preparada y consentida por los grandes partidos" o "Justicia ya", han permanecido en los alrededores de la Audiencia controlados por decenas de agentes.

Los primeros imputados, entre ellos el exdirigente de Izquierda Unida (IU) José Antonio Moral Santín, han coincidido en señalar que los gastos de las visas, en las que se cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, constituían un complemento retributivo que podían destinar a gastos como ropa, viajes u obsequios y que la entidad tributaba por ellos ante Hacienda.

El sindicalista de CCOO Pedro Bedia ha dicho incluso que desde la dirección de la entidad se le pidió que utilizara más la tarjeta porque la estaba usando "poco".

El exconsejero de Caja Madrid Rodolfo Benito. Foto: EFE

Fianzas para seis exconsejeros

Durante las comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de fianzas civiles para seis exconsejeros: Moral Santín, que gastó 456.500 euros; el miembro de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües, que gastó 195.000 euros; el exdiputado regional del PSOE Ramón Espinar, que cargó 178.400 euros; el exalcalde socialista de Móstoles (Madrid) José María Arteta (139.000 euros); el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (94.000 euros), que ha sido el único que se ha negado a declarar; y el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (78.200 euros).

No lo ha solicitado para los miembros de CCOO Juan José Azcona (99.300 euros) y Rodolfo Benito (140.600), el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) y el representante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), que han atribuido el uso de sus plásticos a gastos de representación. Todos están imputados por un delito societario de administración desleal y otro de apropiación indebida.

A excepción de Azcona, que ha asegurado que no percibió ningún cambio con la entrada de Blesa en Caja Madrid, los comparecientes han defendido que antes de 1996 el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Angel Montero, les pedía que fueran "prudentes" en el gasto y que cuando Enrique de la Torre pasó a ocupar el cargo les dijeron que podían emplear las tarjetas "en lo que quisieran con un límite anual y mensual".

La mayoría de los exconsejeros han reconocido los gastos que se les atribuyen, a excepción de los socialistas José María Arteta y Ramón Espinar, al tiempo que han defendido que las tarjetas eran "absolutamente legales" y que no tenían que tributar ante Hacienda porque la entidad lo hacía por ellos.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha considerado que los "indicios delictivos existentes" contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, por las irrregularidades en su salida a bolsa no justifican una medida "tan gravosa" como la de su ingreso en prisión provisional, más aún cuando "no ha llevado a cabo intento de fuga alguno".