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Treviño insiste en su voluntad de ser parte de Araba

Tras la negativa del Congreso de los Diputados de noviembre, el Ayuntamiento del condado de Treviño ha celebrado un pleno extraordinario para aprobar dos declaraciones.

Treviño. Foto: EiTB
Treviño. Foto: EiTB
Treviño insiste en su voluntad de ser parte de Araba

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Redacción

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Tras la negativa del Congreso de los Diputados a la anexión de Treviño a Araba el pasado mes de noviembre, Treviño insiste en su voluntad de ser parte de Araba. Esta mañana el Ayuntamiento del condado de Treviño ha celebrado un pleno extraordinario para aprobar dos declaraciones al respecto: la primera para pedir la caducidad de los convenios existentes y la segunda para que los servicios al enclave se presten directamente por el Gobierno Vasco.

El alcalde del Condado de Treviño, Ignacio Portilla, ha explicado que la prestación de servicios al enclave a través de convenios y otros "apaños institucionales" entre Castilla y León y el País Vasco supone una situación de "transitorialidad, precariedad e inseguridad jurídica" para los treviñeses.

Así se incluye en la proposición aprobada hoy y en la que se reivindica a las dos administraciones que pongan fecha de caducidad a esos convenios, situación que Portilla considera que debería hacerse efectiva a lo largo de la próxima legislatura.

En la propuesta consideran que la "solución racional" pasa por la trasferencia administrativa de la titularidad del enclave burgalés a las instituciones de Araba y País Vasco.

Portilla ha señalado que esta información deberá ser trasladada al Gobierno de la nación cuyas Cortes Generales, mediante ley orgánica, tienen la "competencia exclusiva" para arbitrar la solución.

En este sentido, se lo trasladarán también a la ponencia de enclaves constituida en el Senado en 1995 y cuyo informe, conclusiones y recomendaciones "sigue sin aplicarse" en la actualidad.

Además de las acciones institucionales, la proposición contempla establecer como actuación permanente la presentación de denuncias puntuales ante los órganos que correspondan por la "vulneración de derechos" derivados de la situación administrativa actual tanto de índole público como particular.

La proposición ha sido aprobada por los concejales de las dos agrupaciones independientes más el de PNV y el Bildu, en un pleno extraordinario al que no han asistido los tres ediles del PP.

 

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