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PP:'Bidegi es la gran chapuza del PNV o alguien se lo llevó calentito'

Este lunes, Markel Olano y Eneko Goia comparecerán en la comisión de investigación del Parlamento guipuzcoano sobre el caso Bidegi.

Juan Carlos Cano, PP Euskadi
Juan Carlos Cano, PP Euskadi
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Redacción

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El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, ha dicho hoy que la investigación política sobre el caso Bidegi no deja "duda" de que, "o estamos ante la gran chapuza del PNV, o alguien se lo llevó calentito".

Por ello, entiende que los jeltzales Markel Olano y Eneko Goia deberán explicar mañana en la cámara foral "dónde están los 100.000 camiones perdidos" durante la construcción de la AP-1, es decir, los sobrantes de tierra objeto también de investigación judicial.

El lunes comparecerán el ex diputado general guipuzcoano, Markel Olano, y el ex diputado foral de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Eneko Goia, candidatos jeltzales a diputado general y la Alcaldía donostiarra en las próximas elecciones, en la comisión de investigación del Parlamento guipuzcoano sobre Bidegi.

Cano, en declaraciones a los periodistas, ha señalado que tras la comparecencia de los técnicos el pasado viernes en la comisión de investigación que analiza si existieron responsabilidades políticas en el caso Bidegi, "no queda ninguna duda de que, o estamos ante la gran chapuza del PNV, ante la caída estrepitosa del mito de su buena gestión, o simplemente que alguien se lo ha llevado calentito".

Por ello, entiende que Olano, exdiputado general de Gipuzkoa y presidente de Bidegi en la anterior legislatura, y Eneko Goia, diputado de Infraestructuras Viarias en ese periodo, deben explicar dónde están los 900.000 metros cúbicos de tierras sobrantes que faltan del depósito de Basagoiti, donde se certificó que habían sido llevados.

Sobre este punto se plantearon discrepancias en la comisión, ya que mientras el representante de la UTE que construyó la AP-1 dijo que fueron a parar a acopios en distintos puntos de la carretera, el técnico que elaboró el informe en el que se ha sustentado la querella de la Diputación por este caso, afirmó que se pagaron 3,4 millones de euros por trabajos no ejecutados.

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