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El Congreso evita declarar 'genocidio' los crímenes de ETA

Así, deja en manos de la Justicia la determinación de si los crímenes de ETA fueron constitutivos de delitos de genocidio o lesa humanidad.

Congreso de los Diputados español. Foto: Efe
Congreso de los Diputados español.
Congreso de los Diputados español. Foto: Efe

agencias | redacción

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El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy por 276 votos a favor y 34 en contra una moción en la que la Cámara respalda la acción de la Justicia para la determinación de si los crímenes de ETA fueran constitutivos de delitos de genocidio o lesa humanidad.

La moción es fruto de una enmienda transaccional suscrita por PP, PSOE, UPN, CC y Foro Asturias a una iniciativa inicial de UPyD más contundente, en la que el grupo que lidera Rosa Díez pedía que el Congreso reconociese y condenara la "limpieza nacional, los crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado, ETA".

Sin embargo, en el debate que se produjo ayer -aunque la votación se pospuso a hoy- la mayoría de los grupos expresó su rechazo a ese texto, con el que UPyD pretendía seguir el ejemplo del Parlamento navarro, que el mes pasado aprobó una resolución para que las acciones de ETA fueran consideradas crimen contra la humanidad.

Finalmente, UPyD ha aceptado el texto alternativo de los dos grupos mayoritarios y los tres citados del mixto, que ha salido adelante.

En el texto, el Congreso condena los crímenes cometidos por ETA, que "fueron ejecutados sin que queda justificación alguna", y a sus autores y a quienes los apoyaron en la CAV y Navarra.

Asimismo, la Cámara Baja "respalda la acción de la Justicia para su total esclarecimiento y para la determinación de si tales crímenes, además de su consideración en el ámbito moral y social, fueran constitutivos jurídicamente de delitos de genocidio o lesa humanidad, contribuyendo a preservar la memoria y dignidad de las víctimas, así como la verdad histórica de los hechos".

La moción encomienda también al Defensor del Pueblo que proceda a elaborar un estudio específico sobre "la afectación de los derechos humanos de todas las víctimas de tales delitos y su situación actual, con recomendaciones dirigidas al conjunto de las instituciones del Estado".

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