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Inauguración en Barakaldo

Catalá acercará a los presos 'si se siguen las pautas establecidas'

El ministro de Justicia ha estado este lunes en Barakaldo para inaugurar la nueva Oficina Judicial.

Inauguración de la nueva Oficina Judicial de Barakaldo. EFE
Inauguración de la nueva Oficina Judicial de Barakaldo. EFE
Inauguración de la nueva Oficina Judicial de Barakaldo. EFE

AGENCIAS | REDACCIÓN

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que el Gobierno español mantiene "la continuidad" en la política penitencia, con un planteamiento de "búsqueda de soluciones", y ha asegurado a quienes exigen el acercamiento de los presos a Euskadi que, "si se siguen las pautas establecidas para ello, se podrá llevar a cabo".

En declaraciones a los medios de comunicación tras inaugurar la nueva Oficina Judicial de Barakaldo (Bizkaia), Catalá se ha referido, de esta forma, a las personas concentradas en el exterior del Palacio de Justicia para reclamar el acercamiento de los presos a Euskadi.

"Tenemos el mismo planteamiento, es un planteamiento de búsqueda de soluciones", ha reiterado, para decir a las personas que plantean el acercamiento de los presos a Euskadi que "hay un procedimiento para ello, y si se cumplen los procedimiento, si se siguen las pautas establecidas, se podrá llevar a cabo".

"Ésas son las reglas de juego, son conocidas por todos, el Gobierno se va a mantener firme en ese planteamiento y en la confianza en que existen cauces para llevar a cabo de una adecuada gestión de las necesidades y circunstancias de estas personas, de acuerdo con la legislación vigente y con las normas que tenemos en la actualidad", ha concluido.

Protestas

Durante el acto, medio centenar de personas se han concentrado en las inmediaciones del Palacio de Justicia para reclamar el acercamiento de los presos a cárceles vascas.

Las personas concentradas portaban pancartas con el lema "Presos eta iheslariak, etxera (Presos y refugiados, a casa)".

También se han concentrado trabajadores y trabajadoras de Justicia de Barakaldo para denunciar "los ataques a los servicios públicos durante los cuatro años del Gobierno del PP".

Apoyados por los sindicatos CC.OO, ELA, LAB, CSIF, y CGT, han mostrado su oposición a "los sucesivos planes del Gobierno del PP con respecto a la Administración de Justicia", como los referidos a "la ley de tasas, endurecimiento de la justicia gratuita, intentos de privatización del registro civil y de los servicios de comunicación, y supresión de partidos judiciales y de juzgados de paz".

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