El juez no investigará la colecta de Sare en la marcha del 9 de enero

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado la petición del Ministerio del Interior de investigar la colecta organizada por Sare en la manifestación por los derechos de los presos del pasado 9 de enero para sufragar los gastos de la marcha.

Sare ha dado a conocer este auto y, tras criticar la actuación de la Policía e Interior, ha pedido que acabe el "hostigamiento" contra esta red y ha recordado al futuro Gobierno central que el conflicto terminará cuando los presos "vuelvan a casa".

Los detalles de este auto del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional han sido facilitados por Sare en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida, entre otros, por su portavoz, Joseba Azkarraga, que ha estado acompañado por algunas de las personas que realizaron labores de control de esa cuestión y por el excoordinador de EB, Javier Madrazo, y el secretario general de EA, Pello Urizar.

En el auto, el juez rechaza la solicitud que realiza la Brigada Provincial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco para que requiera a Laboral Kutxa, de cara a conocer los titulares y movimientos de las cuentas corrientes en las que se ingresaron el lunes, día 11, los fondos recaudados, que, hasta ese momento, estuvieron depositados en las sedes de Eusko Alkartasuna y Ezker Batua.

Fernando Andreu señala que en el escrito policial no se describe la existencia de "conducta alguna que sea o pueda ser constitutiva de ilícito penal", ya que se limita a informar de que, en el curso de un manifestación "legal, se podría haber realizado una cuestación y que el dinero recaudado podría haber sido ingresado en Caja Laboral Popular proceden de las sedes de EA y EB".

?Una hipótesis sin sustento fáctico alguno?

La resolución judicial indica que la posibilidad de que dichos fondos pudieran ser enviados al "sostenimiento del colectivo de presos de ETA para destinarlos a fines ilícitos", no es "más que una hipótesis", que carece de "sustento fáctico alguno".

El juez manifiesta, en su auto, que para que pueda autorizar una "medida restrictiva de derechos", es necesaria la "existencia de unos datos o indicios objetivables".

En su comparecencia, Sare ha recordado que todo el proceso de recaudación del dinero fue supervisado por personas de reconocido prestigio como los ex decanos del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga y Juan Mari Vidarte, los abogados Felix Cañada y Juan Daniel Barandiaran, así como el ex coordinador de Lokarri, Paul Ríos.

Tras asegurar que este tipo de actuaciones policiales son propias de "etapas" que se consideraban "superadas", Sare ha añadido que, si pretenden "intimidarles", no lo van a conseguir y no pararán hasta alcanzar el "respeto de los derechos de las personas presas, exiliadas y deportadas y la consecución de la paz".