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VALENCIA

Envían al Supremo la investigación a Barberá por blanqueo de capitales

En esta pieza, con 47 personas imputadas más el PP, imputado como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores.

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y senadora del PP.EFE
El Supremo decidirá si imputa a Barberá por blanqueo

1:21

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Gorenera bidali dute Barberaren ustezko diru zuritzearen auzia

El Juzgado que instruye el caso Imelsa ha enviado al Tribunal Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez Víctor Gómez subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y considera que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.

La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

El magistrado considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Supremo.

El Tribunal Supremo es el único competente para investigar y, en su caso juzgar, a la senadora.

Desobediencia a la Ley de Memoria Histórica

Asimismo, una jueza de Valencia también ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia.

La jueza se declara no competente para admitir la denuncia presentada contra la exalcadesa por un posible delito de desobediencia a la Ley de Memoria Histórica, al existir en la ciudad escudos anticonstitucionales y monumentos a los caídos en la Guerra Civil.

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