Piden que se modifique la calificación de terrorismo del Código Penal

El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una moción que insta a las Cortes Generales a emprender de manera urgente la modificación del artículo 573 del Código Penal y la calificación de terrorismo introducida a través de la Ley Orgánica 2/2015 de 30 de marzo, al considerar que sus "límites son difusos".

La iniciativa impulsada por las cuatro formaciones que sustentan al Gobierno foral, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, ha contado con el apoyo de estos grupos y el rechazo de UPN, PSN y PPN.

El texto, que será remitido a la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, ha sido defendido por Unai Hualde (Geroa Bai), quien ha considerado oportuno abrir este debate ahora que no hay una mayoría absoluta del PP y es "matemáticamente posible revertir excesos del pasado de una legislatura negra", una legislatura "oscura", con retrocesos en libertades.

La ley, ha detallado, habla de "terrorismo" con unos "límites difusos", por lo que puede haber terrorismo sin una organización activa detrás cuando se considere por el juzgador que existe una conducta dirigida a atemorizar a una parte de la población o a producir una grave alteración de la paz pública.

Tras señalar que numerosas personalidades han cuestionado esos cambios legales, ha apuntado que hay razones de peso para propiciar este debate desde Navarra, donde hay una mayoría progresista.

Ha agregado que además en la Comunidad foral se viven de "primera mano las consecuencias de injusticia de ese artículo y el ejemplo está en Altsasu a cincuenta kilómetros de este Parlamento".

Y es que esta legislación ha posibilitado que se atribuya delito de terrorismo a los jóvenes de Alsasua identificados como presuntos agresores de dos guardias civiles el pasado mes de octubre en un bar de esa localidad, una acción "rechazable por la mayoría de esta Cámara", ha reconocido, pero que, ha aseverado, "no es terrorismo".

En este sentido ha remarcado que en "cualquier otro lugar del Estado", en Seseña o Plasencia, conllevan "una sanción penal común por lesiones o atentado a la autoridad" y aquí se habla de penas de hasta 15 años de cárcel.

"No se está blanqueando nada, ni se trata de falta de solidaridad con las víctimas, hay que alzar la voz para que no se produzcan situaciones tan flagrantes de vulneración del principio de proporcionalidad", ha concluido.

El resto de proponentes se han pronunciado en un sentido similar, mientras que en contra se ha posicionado el parlamentario de UPN Iñaki Iriarte quien ve en esta iniciativa un intento de EH Bildu de que no se castigue a quienes agredieron a los guardias civiles y sus parejas.

También en contra, la socialista Inmaculada Jurío ha pedido que no se interfiera en los procesos judiciales y ha manifestado que su partido apoyó esta reforma porque "el PSOE tiene sentido de Estado" y Ana Beltrán (PPN) ha declarado que la "agresión brutal" de Alsasua se debió a la condición de guardias civiles y tenía como objeto "sembrar odio y miedo".