La Audiencia Nacional permite los actos en apoyo a Rafa Díez

Fernando Andreu, el magistrado de la Audiencia Nacional, ha acordado este jueves no prohibir los actos de recibimiento a Rafael Díez, quien está previsto que salga de prisión mañana, jueves, al entender que "no existe constancia" que permita afirmar que se vaya a producir delito alguno.

De esta forma, el juez sobresee el procedimiento después de que la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) solicitara la prohibición de los recibimientos previstos por un lado en las puertas del centro penitenciario de El Dueso (Cantabria) donde ha cumplido condena, y por otro en la plaza de Okendo, en la localidad de Lasarte (Gipuzkoa), a las 19:30 horas.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, razona que deberá ser la Consejería de Interior del Gobierno Vasco la que decida si la convocatoria anunciada para este jueves se ajusta a la normativa para su celebración o no y añade que a la jurisdicción penal compete solo la persecución y el castigo de los hechos penales "una vez estos se han producido".

Responde a la asociación que en derecho no puede actuarse con carácter preventivo porque ello implicaría asociar consecuencias jurídicas que limitan derechos. El principio de intervención se aplicaría en situaciones que "causen un daño relevante o ponga en peligro bienes jurídicos esenciales".

No hay indicios de que exista delito

Añade que en el caso de  los recibimientos a Rafa Díez, no existen razones para adelantar que se producirá una alteración del orden público y lo enmarca dentro del derecho de reunión.

"En el presente caso no existe constancia alguna que permita afirmar que se haya producido o se vaya a producir delito alguno", reza el auto del magistrado Andreu en respuesta a la petición  de este colectivo de víctimas.

Esta misma mañana, la Delegación del Gobierno español en Cantabria ha prohibido el recibimiento a Rafa Díez Usabiaga a su salida de la cárcel de El Dueso de Santoña (Cantabria) por incumplimiento del plazo que exige la ley para comunicar este tipo de actos.