El juicio de Hiriko terminará el 4 de diciembre, sin declaración del último testigo

La sesión final del juicio civil por el 'caso Hiriko', en el que se investigan las responsabilidades por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas públicas invertidos en un fallido proyecto de coche eléctrico, se celebrará el 4 de diciembre, después de que la magistrada del Juzgado de lo mercantil número 1 de Vitoria-Gasteiz haya decidido "obviar" la comparecencia del último testigo solicitado por las partes.

A través de una providencia, la magistrada María Teresa Trinidad Santos señala que ya está "suficientemente ilustrada sobre los hechos" después de las pruebas y testimonios recogidos durante el juicio.

La jueza recuerda que se han practicado 26 pruebas testificales, así como interrogatorios y declaraciones de peritos. Además, subraya que las acusaciones "no han expresado hechos concretos sobre los que habría de declarar" el testigo Armando de Sousa Gaspar, uno de los exresponsables de Hiriko, "respecto a los que se no haya interrogado al menos a tres testigos". Por ese motivo, la magistrada ha decidido "obviar" la citación de este testigo y fijar la última sesión del juicio para el 4 de diciembre a las 9.45 horas.

18,9 millones de euros en ayudas

El proyecto de coche eléctrico 'Hiriko', impulsado por el empresario Jesús Echave y otros industriales alaveses, recibió 18,9 millones de euros en ayudas, la mayor parte de ellas concedidas por el Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este proceso,se investiga a Jesús Echave, José Luis Bengoechea, Fernando Achaerandio y al exconcejal del PNV Iñigo Antia como presuntos responsables de las irregularidades y de la quiebra de este proyecto de coche eléctrico.

Todos ellos formaban parte de Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), a través de la que se articulaban las empresas implicadas en el proyecto de coche eléctrico.

La acusación reclama que se declare 'culpable' la quiebra de Afypaida y que se imponga a 10 años de inhabilitación a sus cuatro administradores. Además, solicita la devolución de las ayudas públicas recibidas.