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Llarena dicta orden de detención internacional para Rovira y Puigdemont

Asi, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret.

E president Carles Puigdemont en Helsinki (Finlandia). Foto de archivo: EFE
E president Carles Puigdemont en Helsinki (Finlandia). Foto de archivo: EFE
E president Carles Puigdemont en Helsinki (Finlandia). Foto de archivo: EFE

Agencias | Redacción

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Euskaraz irakurri: Rovira eta Puigdemont atxilotzeko agindua eman du Llarena epaileak

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el 'procés', Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes de detención para la mayoría de personas que se encuentran en el extranjero, entre los que se encuentra el president Carles Puigdemont, han informado en fuentes jurídicas.

La única investigada para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel, que se encuentra en Suiza, y la razón es que a la exdiputada de la CUP únicamente se le imputa un delito de desobediencia, muy lejano a la gravedad de la rebelión que se le imputa al resto.

El juez que instruye la causa del 'procés' adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox en la vistilla celebrada esta mañana.

 

La única investigada para la que no se ha adoptado esta orden de busca y captura es Anna Gabriel

 

Por otro lado, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que se fueron a Bélgica a finales del pasado mes de octubre.

Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

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