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Policía nacional

29 detenidos en Cataluña por el presunto desvío de fondos para el 'procés'

Agentes de la UDEF investigan si la Generalitat usó fondos para la cooperación internacional para sufragar el proceso catalán. Entre los detenidos está el expresidente de la Diputación de Barcelona.

La Policía, en la operación en el Institutoye Estadística de Cataluña. Foto de archivo: EFE
La Policía, en la operación en el Institutoye Estadística de Cataluña. Foto de archivo: EFE
Macrooperación en Cataluña por el presunto desvío de fondos para el procés

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agencias

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Euskaraz irakurri: 29 pertsona atxilotu dituzte, Kataluniako prozesuaren finantzazioa dela eta

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido a 29 personas, en una operación sobre la presunta financiación del 'procés' usando fondos destinados en origen para la cooperación internacional, según han informado fuentes policiales.

La Policía Nacional ha informado a las 12:30 horas de este jueves que la operación 'Estela' deja 29 arrestados. Según fuentes de la investigación, la mayoría de los detenidos son personas relacionadas con el plan independentista, primero en la etapa bajo la presidencia de Artur Mas y, posteriormente, en la de Carles Puigdemont.

Los detenidos están acusados de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

Salvador Esteve, expresidente de la Diputación de Barcelona, ha sido arretado por los agentes. Entre los detenidos figura además Joan Carles García, alcalde de Tordera por CiU (Barcelona) y diputado provincial de Barcelona, así como Víctor Terradellas, exresponsable de Relaciones Internacionales de CDC, fundador de la entidad CATmón y vinculado al mundo de la cooperación internacional, según las mismas fuentes. También ha sido detenido Jordi Castells Masanés, el que fuera director y actual subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat.

La operación, llamada 'Estela', está dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.

El TSJ de Cataluña ha emitido un comunicado en el que cifra en dos millones el valor mínimo de las subvenciones objeto de investigación en la Diputación de Barcelona.  También ha señalado que se prevén una veintena de registros y entradas tanto en sedes públicas como de distintas empresas catalanas y entidades sin ánimo de lucro.

Los agentes, algunos desplazados desde Madrid, se encuentran en diferentes sedes de la Generalitat en un amplio operativo para recabar pruebas de la presunta malversación en la organización del referéndum del 1 de octubre.

La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont.

En concreto las subvenciones irregulares se habrían aportado entre 2012 y 2015 a varias entidades y oenegés para proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina, Marruecos y Bosnia, entre otros países.

No obstante, la investigación podría ampliarse a la financiación del proceso, si en los registros practicados en las entidades vinculadas con el soberanismo se hallan indicios de que esos fondos públicos adjudicados presuntamente de forma irregular se destinaron a costear la hoja de ruta independentista y el 1-O, han apuntado las mismas fuentes.

Los presupuestos de 2017 de la Generalitat destinaron a la cooperación internacional 17,4 millones de euros repartidos entre la Consejería de Relaciones Institucionales y Exteriores dirigida por Raül Romeva, uno de los exconsejeros encarcelados, y la Agencia Catalana de Cooperación.

PDeCAT: Intentan inventarse las pruebas

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que la operación policial de hoy es una "demostración muy evidente" de que "no había pruebas" y que la acusación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el anterior Govern "no estaba fundamentada", y ahora "intentan inventárselas".

En declaraciones a TV3, Campuzano ha señalado que esta operación policial es una "demostración muy evidente" de que la instrucción del juez Llarena contra los miembros del Govern por presunta malversación de fondos públicos "no tenía ningún fundamento legal, porque ahora están buscando pruebas que no disponían".

"Es una demostración de cómo el Estado está retorciendo la legalidad vigente para inventarse delitos que no existen", ha recalcado el portavoz del PDeCAT en la Cámara Baja, y ha agregado que "en ningún momento ha habido malversación" por parte de los miembros del anterior Ejecutivo catalán.

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