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Caso Nóos

El fiscal pide 19 años para Urdangarin y exculpa a la infanta

El fiscal exculpa a la infanta y afirma que se le acusa "en base a sospechas" y a un raquítico 'pudo saber', lo que la sitúa, según el fiscal, "en una posición de indefensión".

El fiscal pide 19 años y seis meses de prisión para Urdangarin

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Redacción

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El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach pide una condena de 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin por el caso Nóos y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo. En el escrito de calificación de 576 páginas que ha entregado hoy al juez José Castro, el fiscal solicita que se juzgue por el caso Nóos a catorce personas, empezando por los dos principales socios del Instituto Nóos, Urdangarin y Diego Torres; la esposa del segundo, Ana María Tejeiro, responsable de personal de la entidad, y un hermano de ésta, Marco Antonio Tejeiro, que fue contable. También pide se archive provisionalmente la causa para otros 6, entre ellos la hermana del rey Felipe VI. Para Urdangarin 6 años de cárcel por malversación en concurso medial con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 6 por delitos contra Hacienda y 2 por blanqueo.

El fiscal sostiene que Urdangarin creó la empresa Aizoon al 50 % con la infanta Cristina en 2003 y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivada de su propia actividad personal. Lo hizo, según Horrach, para aprovecharse de cotizar mediante el impuesto de sociedades, aunque Aizoon no tenía actividad, y para deducir gastos personales.

Reclama además que sea condenado a pagar una multa de 3,5 millones de euros y a 15 años de inhabilitación absoluta y 8 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como a 6 años de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Por ello, en su escrito, Anticorrupción reclama que la infanta Cristina haga frente, junto a su marido, a una fianza de responsabilidad civil de 587.413 euros. Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el fiscal, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma al 50 %, y que destinaron a pagar gastos personales.

Para Torres, el fiscal pide 16 años y 6 meses de cárcel (6 por presunta malversación en concurso con delitos continuados de prevaricación y falsedad en documentos público y mercantil; 2 por fraude a la administración; 3,5 por estafa en concurso con falsedad; 3 por delito contra Hacienda y 2 por blanqueo, así como 3,8 millones de euros de multa.

También la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, deberá responder, en su caso con el pago de 1.144.240 euros, de las cantidades supuestamente defraudadas por su cónyuge.

Pide el archivo de la imputación de la infanta

En el caso de la hermana del rey Felipe VI, Anticorrupción considera que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado archivar la imputación de la infanta, al recriminar que se le acuse en base a "sospechas" y a un "raquítico 'pudo saber'", lo que a su juicio la sitúa en una "posición de indefensión".Es más, la Fiscalía carga contra la Audiencia Provincial de Baleares, que el pasado mes confirmó el encausamiento de la infanta por los dos delitos contra la Hacienda pública, al aseverar que para ello el tribunal realizó un "errático paseo interpretativo", después de que, por los mismos hechos, en 2012 tanto el juez José Castro como la Audiencia rechazasen imputar a la Infanta y este año hayan dejado las puertas abiertas a que se siente en el banquillo de los acusados.

11 años para Matas

Por su parte para el expresidente del Govern balear, Jaume Matas, pide una condena de 11 años de prisión, por varios presuntos delitos de corrupción al beneficiar con unos 2,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía Urdangarin.

Por otro lado, el fiscal pide 6 años y medio de prisión para la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen por beneficiar fraudulentamente con unos 114.000 euros de fondos públicos a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis), que presidía Iñaki Urdangarin.

También pide penas de 6 a 8 años de prisión para cuatro ex altos cargos de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción al beneficiar con 3,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin, y exonera al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.

'Como si fuera un asesinato'

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha criticado que la Fiscalía pida demasiados años de prisión a su defendido, y ha señalado que "parece que fuera un delito de sangre, como si fuera un asesinato". Preguntado sobre si Urdangarin prevé pactar y pagar lo defraudado para evitar la prisión, ha señalado que no puede "prever el futuro", pero ha sostenido que el Duque no dispone de ese dinero.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha pedido hoy al juez del caso Nóos, José Castro, que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de 8 años de prisión.

La infanta pagará 'de forma inmediata'

La infanta Cristina pagará de forma "inmediata" los casi 600.000 euros que la Fiscalía le reclama como responsable civil, según ha explicado hoy su abogado Miquel Roca. En declaraciones a la prensa a las puertas de su despacho en Barcelona, el letrado se ha mostrado convencido de que, "en buena ley, se archivará la acusación" contra la infanta y ha anunciado que ésta consignará ahora al juzgado los 587.413 euros que le reclama el fiscal como beneficiaria a título lucrativo, para "dejar así extinguida su responsabilidad civil simultáneamente a la penal".

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