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El Gobierno Vasco plantea otorgar como máximo una RGI por domicilio

Sociedad

Reforma de la normativa

El Gobierno Vasco plantea otorgar como máximo una RGI por domicilio

Agencias | Redacción

31/05/2017

El Departamento de Beatriz Artolazabal propone 15 modificaciones a la normativa sobre ayudas sociales.

1:22
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El Gobierno Vasco plantea, entre sus propuestas para la reforma de la normativa sobre ayudas sociales, establecer con carácter general la concesión de un máximo de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por cada domicilio, con independencia de la vinculación familiar o no entre los residentes.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este miércoles en comisión parlamentaria las propuestas que ha elaborado su Departamento de cara a una reforma de la Ley de Renta de Garantía de Ingresos, en cumplimiento de un mandato del Parlamento Vasco, que le emplazó a presentar en mayo un informe sobre el diagnóstico de estas ayudas para iniciar una revisión de la normativa actual.

Artolazabal ha planteado 15 modificaciones concretas y cinco cambios de la normativa, entre ellas que las solicitudes de acceso a la RGI hagan referencia al conjunto de las personas que residen en un mismo domicilio, independientemente de que tengan vinculación familiar o no, estableciéndose con carácter general un máximo de una ayuda por cada domicilio y computándose los ingresos del conjunto de las personas que residen en la vivienda para determinar el acceso a la ayuda.

Como máximo, una

Actualmente, el sistema contempla posibilidad de reconocer más de una unidad perceptora dentro de un mismo domicilio. La consejera ha aclarado, no obstante, que se estudiarán y establecerán "las excepciones oportunas".

Otra de las propuestas es modificar la fórmula para determinar la cuantía básica de la prestación y de los complementos.

Así, se articulará una cuantía base común para todas las unidades de convivencia con independencia del tamaño y estructura de las mismas, y un sistema de complementos para adultos y menores residentes en la vivienda.

La cuantía básica sería de 450 euros al mes, al que deberán añadirse complementos. Así, el titular de la unidad convivencial cobraría 650 euros; una pareja, 810 euros; y una pareja con dos hijos menores, 1.014 euros. Además, se aplicará un complemento de 100 euros a los casos de monoparentalidad, discapacidad o violencia de género.

La prestación máxima de RGI para cualquier composición familiar ascenderá a 1.200 euros mensuales, similar a la actual.

Residencia y bienes

Asimismo, el Ejecutivo autonómico implementará medidas que permitan certificar la residencia efectiva en Euskadi de los solicitantes, tanto durante el plazo de empadronamiento exigido como durante la percepción de la ayuda.

Así, plantea reducir a 24 meses (ahora son tres años) el período de empadronamiento mínimo exigido para acceder a la RGI en el caso de las unidades familiares con hijos menores a su cargo. En el resto de los casos seguirían requisitos vigentes.

Además, propone que las personas refugiadas y solicitantes de asilo estén exentas de cumplir con el requisito de tres años de empadronamiento y de certificar la duración de la unidad convivencial y de bienes en el país de origen.

En la actualidad, la ley impide acceder a la prestación a quienes disponen de bienes inmuebles diferentes a la vivienda habitual y el Gobierno Vasco quiere modificar este aspecto para que no se impida la RGI a las personas que objetivamente precisan de la ayuda por tener ingresos de muy baja cuantía. Según la propuesta, en adelante se tendrá en cuenta el valor catastral de los bienes.

BEATRIZ ARTOLAZABAL RGI EFE

Artolazabal se dirige, en compañía de su equipo, a la comisión. EFE

Irregularidades

Sobre los pagos y cobros indebidos, se establecería la "prescripción" de la responsabilidad de los beneficiarios de pagos indebidos una vez transcurrido un plazo de 24 meses desde la percepción de esas cantidades sin que se haya producido por parte de Lanbide notificación o reclamación de los mismos. Esta prescripción solo afectaría a los cobros indebidos en los que no haya habido "dolo o voluntad de fraude".

Artolazabal ha explicado que su intención es que se introduzcan en la normativa disposiciones que permitan regular los usos inadecuados de la RGI cuando existan indicios fiables de ello. Asimismo, se quieren fijar sanciones para los "cooperadores" de casos de fraude.

Por otra parte, se fijará en 400 euros mensuales la cuantía máxima percibida en concepto de complemento salarial. Durante su exposición, la consejera ha abogado por incrementar las bonificaciones a empresas que hagan contratos de relevo a perceptores de la RGI y desempleados de larga duración, e introducir en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas mecanismos que permitan primar la contratación de estas personas. Los perceptores deberán aceptar las ofertas formativas u ocupacionales propuestas por Lanbide.

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