Ganbara
25 de noviembre
La dura realidad de la violencia de género
Analizamos el fenómeno de la violencia de género con 4 personas que la conocen de cerca. 2 víctimas y 2 personas que trabajan en hacer frente desde las autoridades a los agresores.
-
38:53 min
Esther Erice es presidenta de la audiencia provincial de Navarra, y es a su vez encargada de violencia de género en Jueces para la Democracia, así como autora de numeroso material para la prevención de agresiones machistas. Explica cómo la persona que más sufre violencia doméstica, más le cuesta interponer una demanda, pues ha perdido la certeza de la gravedad de su situación, y el concepto de ruptura es más grande en estos casos.
Eduardo Sainz de Murueta es jefe de investigación del área criminal de Navarra y gestiona la brigada asistencial a víctimas de violencia de género. Relata cómo cada día acuden a varias llamadas relacionadas con violencias machistas, y se muestran a su vez preocupados por los casos de agresiones en fiestas populares, pues se han multiplicado este último año, aunque lo atribuye quizás a que la concienciación ha provocado que hoy se denuncie lo que ayer no se visibilizaba.
Ainhoa Malaxetxebarria e Inmaculada Mata trabajan en la asociación Haize Berria, una agrupación de mujeres que han recibido maltrato e intenta a otras mujeres que están pasando por el mismo proceso, trabajando los vínculos empáticos. Ambas destacan que factores como el excesivo control de la pareja suelen ser comunes en la mayoría de casos.
Malaxetxebarria desgrana el proceso de interponer una denuncia y relata que es un camino en ocasiones baldío, pues desemboca en un juicio rápido que en nada ayuda a la mujer: se trata de una persona que está destrozada emocionalmente, y que debe afrontar preguntas directas nada más dejar a su pareja. Además, debe presentar pruebas que acrediten sus palabras para obtener credibilidad, por lo que muchos de los casos quedan en un primer inicio prescritos. Mata insiste también en que el camino legal no es adecuado, porque para comenzar afronta únicamente el maltrato físico. La obligatoriedad de pruebas hace que otras violencias como la psicológica o la sexual queden descartadas.
