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Opinión

La Columna de José Félix Azurmendi (21.02.2015)

El Caso Monedero. Interesantes declaraciones del Magistrado Joaquín Giménez. Nombramiento del nuevo Ararteko. Amaiur pregunta al Ministro del Interior por las compañías privadas de Seguridad  

¿Se justifica la atención mediática puesta en el caso Monedero?

Juan Carlos Monedero tenía que saber que dijera lo que dijera no iba a satisfacer a los que le apremiaban sin ningún derecho a que explicara la fuente y razón de algunas de sus retribuciones. Monedero les tenía que haber dicho desde el principio que a él sólo tenía derecho a pedirle explicaciones su gente y que no tenía intención de darlas a quienes no se las merecían. A mi juicio, él y la dirección de Podemos ha gestionado mal esta campaña ruin.

A mí no me extrañaría que los países del Alba hubieran tenido interés en engrasar medios alternativos que contrarrestaran a los que nunca les dieron el menor margen de confianza. Los Estados, fíjense si no en los Estados Unidos de América y sus extensiones legales e ilegales, compran este tipo de servicios y compran con ello voluntades, muchas veces periodísticas. Lo hacen todos, a veces hasta por la cara.

No sé si este el caso que nos ocupa, pero si lo fuera, habría que reconocer que el pago fue modesto. Monedero podía haber acortado la campaña diciendo desde el principio que no tenía intención de caer en la trampa. No hubiera quedado peor y no habría tenido que pasar por la vergüenza de responder a quienes nunca hubieran sido capaces de algo similar con los representantes de la casta. Dicho lo cual, también debo reconocer que no es Monedero el que mejor me cae del núcleo fundador de Podemos, pero esa es otra cuestión.

Ha pasado por los medios vascos el Magistrado Joaquín Giménez y ha vuelto de decir cosas interesantes

El Magistrado del Supremo Joaquín Giménez ha demostrado una vez más que es digno y sabio al recordar que  la finalidad del sistema judicial es la de castigar hechos delictivos, y también la de pacificar conflictos. Ha dicho igualmente que la política del Gobierno no puede estar dictada por las víctimas. Ha anunciado que el Tribunal de Estrasburgo, que es como el Constitucional de la Unión Europea, volverá a asestar un varapalo a la Justicia española cuando ordene que se reste a los reclusos, a todos, sin excepción, los años de cárcel cumplidos en otro Estado miembro. La Justicia española lo sabe –esto lo digo yo y seguramente Joaquín estaría de acuerdo-, pero se doblega a los intereses del Ejecutivo, empeñado en presentar ante su derecha extrema la cara más dura de la justicia vengativa.

El nombramiento del nuevo Ararteko no está exento de polémica

No sé si el nuevo Ararteko puede ser presentado como apolítico, como apartidista, como independiente. No sé tampoco si las razones esgrimidas por la izquierda abertzale para recusarlo son justificadas, pero defender que anteriores Arartekos como Juan Sanmartín o Xabier Markiegi o Mertxe Agundez fueran igualmente apolíticos, apartidistas o independientes es una broma. También hubiera sido una broma que EH Bildu presentara la candidatura de Barinagarementeria como rodeado de esas cualidades, si en realidad lo son. En este caso, como en otros, la explicación de la elección de Manuel Lezertua es política y obedece a una determinada lógica de acuerdos, pactos e intercambios. Los Lezertua Rodríguez son personas que encajan bien entre el PNV y el PSE y no molestan al PP: no es precisa mucha memoria para saberlo.

También en esta ocasión ha quedado en evidencia que las dos fuerzas nacionales vascas se sienten más cómodas enfrentándose, que acordando como correspondería a quienes se supone que coinciden en lo fundamental.

Amaiur ha preguntado al Ministro del Interior por las compañías privadas de Seguridad

Al Gobierno español no le parece mal que un ex miembro del GAL monte una empresa de seguridad. Ahí están las figuras de Paco Galvarez y Gutierrez Argüelles y su Check an Ind para demostrarlo. Al Gobierno español no le preocupa tampoco que una persona condenada por asesinato de una joven revolucionaria termine contratado como informático de  las Policías. Tiene razón en no estar preocupados por ello, porque les conocen bien y los sabe suyos. En cambio, un ex preso de ETA o de la izquierda abertzale con la condena cumplida debería a su juicio estar definitivamente inhabilitado como docente, por ejemplo, porque podría inocular ideas perversas en los jóvenes alumnos. El diputado de Amaiur Jon Iñarritu se ha interesado por estas cuestiones, y el ministro del Interior se ha hecho el distraido.