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Análisis

'Ponga las urnas, president'

Iñigo Herce

Iñigo Herce

- Redacción -

¿Hasta cuándo va a a seguir el Gobierno de España haciendo oídos sordos a los mensajes políticos que llegan desde Cataluña?

Desde el frustrado y recortado Estatut, hasta las demostraciones de las últimas Diadas o las reclamaciones planteadas desde la Generalitat, la respuesta ha sido siempre la misma: no. En el fondo, el argumento que el Estado asume y plantea es nítido y no deja resquicios: la única nación es la española, y las diferentes nacionalidades que la integran no son sujetos políticos que tengan derecho a decidir sobre su estatus político presente o futuro. Así lo dejo escrito el TC hace seis años en respuesta a la Ley de Consulta del Gobierno Vasco del lehendakari Ibarretxe.

Pero el conflicto político con Cataluña es evidente y no ha desaparecido, ni tiene visos de hacerlo en un futuro. Ante lo que la respuesta de un Estado en la Europa del siglo XXI no puede ser la eterna negativa a afrontarlo. Una parte importante de la sociedad catalana quiere decidir a través del voto su futuro político. Muchos de ellos, además, desearían ser un país independiente. Otra parte de la sociedad, la “Cataluña silenciosa”, no comparte ese camino. No tiene sentido discutir cuál de las dos es mayoritaria.

La fuerza de la movilización ciudadana es grande. Pero en democracia, las reglas y las normas marcan el camino. Y lo que de verdad tiene validez en democracia es el resultado de unas elecciones. Hoy, la foto del Parlament es la siguiente: quienes apoyan el derecho a decidir, la consulta, cuentan con 87 escaños sobre 135 (el 64%); los contrarios, 48 (el 35,6%). No tener esta realidad en cuenta es seguir la política del avestruz. Pero quienes participaron en la Diada, o al menos quienes pusieron la voz a los ciudadanos, no miraron a Madrid, sino a Cataluña.

“President, ponga las urnas”, fue el mensaje más rotundo y directo. Eso dirige la presión no hacia la Moncloa, sino al Palau de la Generalitat. Artur Mas y CiU tienen en sus manos la decisión. Si el Parlamento aprueba la Ley de Consulta, que será tumbada por el Constitucional, ¿hasta dónde va a seguir el camino iniciado quien hoy gobierna Cataluña? Si decide convocar elecciones en lugar de celebrar la consulta, la respuesta la tendrá el nuevo Parlamento saliente. Porque, a buen seguro, si Cataluña realiza o no el ejercicio de votar sobre su futuro, no lo sabremos en esta legislatura, sino en la siguiente. Y si nada cambia, será difícil que el Estado y los partidos catalanes puedan retroceder en el camino que cada uno ha decidido tomar.