Condenas a trabajar para la comunidad

Penas alternativas a la prisión. Uno de los magistrados referentes en este ámbito es el juez de menores de Granada: Emilio Calatayud.

Gamberros condenados a colaborar con un centro de discapacitados por mofarse de uno de ellos, jóvenes que tienen que pagar su falta ayudando a los bomberos, ladrones que son condenados a hacer el Camino de Santiago y hasta alguna pena en concreto que consiste en aprender a leer y a escribir. Son algunas de las sentencias singulares dictadas por este juez.

Pero no es un caso único. En el año 2007 entró en vigor la Reforma del Código Penal, y en materia de tráfico por ejemplo supuso, además de un endurecimiento de las condenas, la introducción de una nueva pena junto a las tradicionales, que se convirtieron en los denominados trabajos en beneficio de la comunidad.

Existen dos tipos de tareas: las de asistencia social, que están dirigidas a los colectivos más desfavorecidos (ancianos, enfermos, personas que no tienen hogar...) y otras más genéricas, como la protección del medio ambiente, la formación y la salud pública.

No pueden imponerse sin el consentimiento previo del penado, que siempre habrá de desempeñar servicios de utilidad pública que no serán retribuidos económicamente.

La duración de las labores asignadas no podrá exceder de ocho horas diarias y se desarrollará bajo el control del juez o tribunal sentenciador. A tal efecto, la autoridad judicial podrá requerir informes a la administración, entidad pública o asociación en la que preste sus servicios la persona condenada. Y el infractor gozará de la protección reconocida por la legislación penitenciaria en materia de Seguridad Social.

No hay plazas para todos los condenados

Los jueces del País Vasco notificaron en agosto del año pasado a Instituciones Penitenciarias 2.935 condenas a trabajos comunitarios durante los primeros 8 meses del 2009, la mayoría de ellas por alcoholemia y conducción temeraria, el 75%.

El resto por malos tratos y pequeños robos. No obstante, dos de cada tres sentencias de ese tipo no se están cumpliendo porque no existen plazas suficientes para que los penados realicen en su municipio o comarca las tareas impuestas por los juzgados.

El pasado mes de enero, el Gobierno vasco anunciaba que en un breve espacio de tiempo gestionará las penas alternativas a la prisión. Y se anunció también la firma de un convenio de colaboración con la Dirección de Instituciones Penitenciarias para crear 50 plazas adicionales a las 365 existentes en estos momentos para cumplir penas con trabajos en beneficio de la comunidad.

Aunque parece que este aumento no sería suficiente. Se calcula que serán necesarias 700 para dar salida a todos los que esperan cumplir sus condenas a través del citado procedimiento. Y claro, las personas afectadas por esta situación se ven abocadas a problemas de alcance, porque su situación de penados pendientes de cumplimiento les impide ejercer derechos como el de presentarse a unas oposiciones o realizar una adopción.