Política
Reforma constitucional
El PSOE defiende que la reforma es 'solvente y contundente'
Redacción
El Congreso de los Diputados ha comenzado el debate de toma en consideración de la reforma constitucional 'esprés' pactada por PSOE y PP.
Alonso ha considerado que la reforma reforzará el compromiso de España con la necesaria reducción del déficit público y tratará de "acabar ya sin dilación" con las turbulencias de semanas pasadas, que si se mantuvieran en el tiempo pondrían "en serio riesgo" las políticas sociales.
Con sus palabras ha comenzado el debate de toma en consideración de la proposición de ley pactada entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución.
Si se acepta la tramitación de la propuesta y se establece que sea por la vía de urgencia y de lectura única, el texto podrá ser aprobado el próximo viernes, en otro pleno extraordinario.
Cuando finalice la sesión plenaria de hoy se abrirá un plazo para que los grupos presenten enmiendas, que finalizará a las 14.00 horas del próximo jueves.
La reforma pasará la semana próxima por el Senado, probablemente el día 6, y allí quedaría definitivamente aprobada si no hay ningún cambio. Si hay cambios, debería volver al Congreso.
El objetivo de la reforma
El PSOE y el PP cerraron el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que pactaron un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.
Con este consenso, el techo de déficit y deuda se saca fuera de la reforma de la Carta Magna, que no recoge ninguna cifra a este respecto, tal y como pretendía el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
El déficit se distribuiría del siguiente modo: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26% del producto interior bruto nacional, en tanto que el déficit estructural en que podrá incurrir cada comunidad autónoma no podrá superar el 0,14% de su producto interior bruto.
Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
Mediante la nueva ley, según el acuerdo alcanzado, se fijarán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, con el fin de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135.