'Es una muy mala noticia para Gipuzkoa pagar 30 millones a Kutxabank'

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha dicho este martes que para los guipuzcoanos es una "muy mala noticia" tener que pagar cerca de "30 millones" de euros a Kutxabank.

Ugarte ha asegurado en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián que el Consejo de Gobierno Foral no está "nada conforme" con la sentencia del Tribunal Supremo, que exonera a Kutxabank de pagar más de 21 millones a la Hacienda de Gipuzkoa por el Impuesto de Sociedades de 2001 a 2005 en relación a sus inversiones en Repsol entre 1997 y 2004.

En la sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso que interpuso la entidad contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, anulando así las liquidaciones que hizo la Hacienda guipuzcoana por este concepto.

Larraitz Ugarte ha indicado que el gobierno foral de Bildu está analizando la resolución judicial y estudiando si cabe recurso ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, en una primera "valoración provisional y de urgencia", Ugarte ha afirmado que el fallo constituye una "muy mala noticia" para Gipuzkoa dado que la cantidad a pagar rondará "los 28 o 30 millones" de euros, al sumar los intereses correspondientes.

Ugarte ha querido dejar claro que la sentencia del Tribunal Supremo "no entra en el fondo de la cuestión" sino que se limita a señalar que "en 2001 hubo una inspección en la que no se detectó" irregularidad alguna en la actuación de Kutxa y que "una inspección posterior no puede contravenir" lo que había determinado ya una previa.

Relato de los acontecimientos

La portavoz foral ha hecho un relato de los acontecimientos que, a su juicio, están en torno a esta sentencia y que, en su opinión, hay que tener en cuenta para comprender lo ocurrido.

Ha indicado que fue en 1997 cuando Kutxa, junto con La Caixa y Caixa Catalunya, creó una sociedad de inversiones -Repinves- para adquirir unas acciones de Repsol y acogerse a un régimen fiscal especial, "aplicable a las empresas que se fusionan".

Ha explicado que en 2001, cuando "Román Sudupe era diputado general" de Gipuzkoa y "Víctor Bravo dirigía la Hacienda" de Gipuzkoa, se sometió a Kutxa a una inspección general sin que se detectaran irregularidades en las inversiones realizadas por la entidad.

Ha subrayado que fue justamente Bravo quien modificó durante su mandato las atribuciones de los empleados de Hacienda y asumió, por decisión propia, "los poderes de realizar las inspecciones".

No obstante, años después, en 2006, una inspección posterior determinó que sí hubo "fraude fiscal" en la constitución de Repinves y que, en el caso de Kutxa, se hizo para pagar menos a la Hacienda da Gipuzkoa por el Impuesto de Sociedades.

Ugarte ha recordado que en 2011 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a la Hacienda de Gipuzkoa que, según ha recalcado, consideró que había habido "fraude fiscal" y que el objetivo era que Kutxa "pagara menos a la Hacienda de Gipuzkoa" y defraudar así "a los guipuzcoanos".