El Gobierno logra sacar adelante el recorte por un solo voto

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha conseguido sacar adelante in extremis en el Congreso de los Diputados el decreto ley para reducir el déficit, ya que ha sido convalidado únicamente con el apoyo del grupo socialista, la abstención de CiU, UPN y Coalición Canaria y el rechazo del resto de grupos.

Así, la rebaja del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones han recibido los 169 votos a favor de todos los diputados del PSOE, 168 en contra (procedentes de PP, PNV, ERC, IU, ICV, BNG, Na Bai y UPyD) y 13 abstenciones que han ayudado al Ejecutivo a lograr dar&' || 'nbsp; "luz verde" a las medidas del recorte.

El pleno de la Cámara ha rechazado además tramitar el decreto-ley como proyecto de ley (lo cual hubiese alargado su aprobación definitiva y permitiría modificarlo a través de enmiendas) por 169 votos en contra, 168 a favor y 13 abstenciones.

Tras la votación, Zapatero ha garantizado que continuará trabajando para que las nuevas iniciativas y reformas que haya que adoptar puedan sacarse adelante con "más consenso" en el Parlamento.

El resultado de la votación, según el jefe del Ejecutivo, ha sido "el esperado" ante un texto "difícil" y ha agradecido a los grupos que se han abstenido su "responsabilidad" para facilitar la convalidación del decreto.

CiU&' || 'nbsp;salva al Gobierno, pero exige a Zapatero que dimita

El voto decisivo ha llegado de la mano de CiU, cuya abstención, anunciada por el portavoz Josep Antoni Duran i Lleida en la misma sesión de hoy, ha cuadrado las matemáticas a los socialistas después de que el PNV adelantara ayer que votaría en contra.

Pero aunque los nacionalistas catalanes no han impedido la aprobación del decreto, Durán i Lleida ha protagonizado una de las intervenciones más duras e incluso ha pedido la dimisión de Zapatero una vez que se hayan aprobado los Presupuestos de 2011.

En cualquier caso, el portavoz de CiU ha apelado a la "responsabilidad" de su grupo y ha argumentado que si el real decreto no recibiese el beneplácito de la Cámara Baja la situación de pensionistas y funcionarios sería peor.

El Ejecutivo defiende el decreto

Previamente, durante su turno para defender el decreto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, ha asegurado que las medidas son "imprescindibles y urgentes", así como "determinantes" para el desarrollo de la economía en los próximos años.

"Las medidas son dolorosas, pero inevitables", ha defendido.

La titular de Economía ha afirmado que las dos preocupaciones principales del Ejecutivo son el paro, "objetivo absolutamente prioritario", y la reducción del déficit, "condición imprescindible para impulsar la actividad económica y el empleo".

PP

Posteriormente, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha subido a la tribuna para expresar el rechazo de su partido a los recortes. "Simple y claramente no, eso es lo que dice el PP al decreto", ha exclamado.

El líder del PP ha añadido asimismo que rechazan el real decreto-ley porque no pueden contribuir a que "el principal problema de la economía española", el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, continúe en el cargo.

Rajoy ha denunciado que el decreto es "improvisado, insuficiente e injusto" y ha preguntado si las medidas se dirigen a funcionarios y pensionistas "porque son los sectores más débiles de la sociedad", tras lo cual ha reiterado que hay alternativas para el recorte.

Aunque en principio estaba previsto que tomara la palabra el coordinador de Economía del partido, Cristóbal Montoro, finalmente ha sido Rajoy el encargado de subir a la tribuna de oradores.

PNV

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha explicado el rechazo de su grupo al decreto porque "los débiles no pueden ser los primeros" en pagar la crisis tras la política "errática, confusa y equivocada" de Zapatero.

Azpiazu ha justificado la decisión del PNV alegando que pensionistas, funcionarios y dependientes no pueden pagar una crisis originada por especuladores financieros y por "despilfarros electoralistas" del PSOE.

Bajo su punto de vista, "lo peor" para una economía "débil y con graves problemas" como la española es un presidente "sin rumbo ni credibilidad, que ha tenido que retractarse de toda su política social desplegada en los últimos años" a través de medidas "caprichosas, ineficaces y excesivamente costosas" como el ''cheque bebé'' o la reducción de 400 euros del IRPF.

NaBai

Uxue Barkos, diputada de Nafarroa Bai, ha justificado su "no rotundo" al entender que no es un plan integral para la contención, sino un "tijeretazo por donde caiga", porque es "injusto" al cebarse con jubilados y trabajadores, e ineficaz porque aplica iguales medidas drásticas a todas las administraciones, hicieran bien o mal su gestión.

Barkos ha pedido al Gobierno que no apele a la responsabilidad para buscar apoyos, porque "anunciar a Europa un decreto sin tener mayoría para sacarlo adelante no es responsabilidad. Lo que nos piden es un auto de fe".

UPN

Por otra parte, el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha argumentado la abstención de su voto para "salvar a España de la quiebra" y "no para ser partícipe de las responsabilidades que tiene el Gobierno en esta crisis", ya que por negarla han hecho del déficit público un auténtico "agujero negro".

Salvador ha criticado que el Ejecutivo solo haya sabido gastar y haya evitado adoptar medidas impopulares como una verdadera reforma de las pensiones o del mercado de trabajo, para "acabar con la sangría insoportable de parados que está destruyendo las finanzas públicas".

Así es el recorte

El Gobierno espera que este paquete de medidas sirva para reducir el gasto público en 5.250 millones en 2010 y en 10.000 millones el próximo año, lo que supone 1,6 puntos del PIB y debería permitir acelerar así la senda de consolidación fiscal, como ha demandado Bruselas, con la vista puesta en volver a un déficit del 3% en 2013.

La rebaja salarial de los funcionarios oscilará entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional y afectará a todo el personal de todas las Administraciones Públicas.

La norma incluye además la prohibición a los ayuntamientos a endeudarse a largo plazo desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, una iniciativa que ha estado rodeada de polémica tras haber cambiado el Gobierno el plazo inicial que figuraba en el decreto.

El decreto también elimina el cheque-bebé de 2.500 euros a partir de 2011, recorta los salarios de los miembros del Gobierno en un 15% y elimina el régimen transitorio para la jubilación parcial que se aprobó en 2007, lo que supone adelantar el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, que preveía su entrada en vigor para el 1 de enero de 2013.