2010, el año de los recortes y el descontento social

El Gobierno de España se ha pasado 2010 tratando de demostrar su solvencia ante los mercados financieros internacionales, con un Gobierno obligado por ello a acometer recortes sociales históricos y reformas que le han supuesto un importante coste político.

Los gobiernos vasco y navarro también han tenido que acometer recortes y han sido los funcionarios los que han sufrido las disminuciones de sus sueldos.

El Parlamento Vasco aprobó el 24 de junio, con el apoyo del PSE-EE y del PP, y la abstención de PNV, la ley que recoge la bajada de los sueldos de los funcionarios y altos cargos de la Administración Pública Vasca, con el fin de lograr un recorte de cien millones de euros en los gastos de personal.

Los afectados vieron reducidos sus sueldos entre junio y diciembre entre un 0,56% para el nivel más bajo y el 2,86% para el más alto.

En cuanto a los altos cargos, el salario del lehendakari se redujo un 5,86%, lo que representa un 8% en términos anuales y, por ejemplo, los consejeros del Gobierno Vasco cobraron un 4,86% menos (un 7% en términos anuales).

En el caso de Navarra, el Gobierno de Navarra aprobó el proyecto de ley foral por la que se aplicó un recorte salarial medio del 5% a sus funcionarios y del 15% a los miembros del Gobierno, además de otras rebajas que afectaron a las empresas públicas.

Todo ello en un periodo en el que la economía española atisbó de nuevo el crecimiento aunque sufrió también sustos como el del tercer trimestre cuando el consumo se paró ante la subida del IVA, y siguió durante todo el ejercicio soportando la peor de las consecuencias de la crisis: más de cuatro millones de parados.

El gasto privado no ha terminado de despegar y la inversión empresarial ha seguido cayendo, mientras el crédito a negocios y familias continua siendo muy restringido.

Todo ello en un año en el que, por el contrario, sí se cumplirán los compromisos de España de reducción del déficit público, a costa de importantes recortes que han soliviantado al arco parlamentario y a buena parte de la opinión pública.

La política económica del Gobierno dio un giro en este sentido, y también en el ámbito laboral, cuando a falta de acuerdo con los agentes sociales aprobó unilateralmente la reforma del mercado de trabajo que después el Congreso ratificó con algunos cambios y que provocó la primera huelga general contra el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

En todo momento, el temor del Gobierno ha sido el de la crisis de deuda, y su empeño, el de desmarcarse de los dos países que este año necesitaron rescate por parte de la UE: Grecia a principios de año e Irlanda al final.

Tan sólo diez días después de que la UE decidiera el rescate griego, y tras arduas negociaciones en Bruselas en las que se instó a España a actuar con firmeza para no ser la siguiente, Zapatero acudía al Congreso para anunciar el mayor recorte social que se recuerda en la democracia.

La bajada del sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación de ayudas como el cheque-bebé y el tijeretazo a las infraestructuras cayeron como un jarro de agua fría dentro y fuera de la Cámara Baja, mientras Zapatero insistía en que se trataba de medidas inevitables e imprescindibles para cumplir con la reducción del déficit público.

Unas medidas que, no obstante, no terminaron de aplacar a los mercados, que no han dado tregua a España en todo el año, hasta el punto de que la prima de riesgo país (que se mide con el diferencial entre el bono español a diez años y el alemán de ese mismo plazo) rozó los 300 puntos básicos en los días posteriores a la crisis de Irlanda y el anuncio del rescate a ese país.

En medio de la convulsión financiera, la economía española ha mostrado síntomas de recuperación, aunque no se ha llegado a reactivar con contundencia.

En un momento de fuerte dinamismo del comercio mundial, el sector exterior español ha sido el revulsivo que ha impedido recaídas económicas, sobre todo en el tercer trimestre, cuando el consumo se frenó ante la subida del IVA y tras desaparecer las ayudas a la compra de coches, lo que hizo que el PIB se estancara, aunque no llegó a decrecer.

Las previsiones apuntan a que en la última parte del año el consumo se irá recuperando y la economía volverá a crecer en términos trimestrales, si bien en el conjunto del año el PIB registrará aún una ligera caída, del 0,3% según el Gobierno.

El año acaba con reformas pendientes como la del sistema de pensiones y la de las políticas activas de empleo para tratar de mejorar los sistemas de colocación.

También se cierra con la previsible aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado, los más austeros de los últimos tiempos, criticados sobre todo por la reducción de las inversiones y por la congelación de las pensiones, y que una vez más salen adelante con los apoyos del PNV y Coalición Canaria.

En un nuevo intento por dar confianza a los mercados, Zapatero anunció el pasado 1 de diciembre nuevas medidas como beneficios fiscales para las pymes, el fin de la prestación de 426 euros para parados sin cobertura y la privatización parcial de los aeropuertos y la lotería.

Medidas que, aunque complacen en parte a los empresarios, provocan de nuevo el rechazo sindical y de la oposición, y mantienen caldeado el ambiente en el año más difícil para el Ejecutivo socialista.