Economía -
Cámara de Propiedad Urbana
Gobierno Vasco detecta anomalías en la Cámara de Propiedad vizcaína
Anuncia que remitirá a la Fiscalía del TSJPV y al Tribunal vasco de Cuentas Públicas las "incidencias" detectadas en una revisión de la liquidación de patrimonio de la Cámara de Propiedad Urbana.
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha anunciado la remisión a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas las "incidencias" detectadas en una revisión de la liquidación de patrimonio de la Cámara de Propiedad Urbana de Bizkaia, ante la posibilidad de la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos.
En 2006, el Gobierno vasco decidió extinguir las Cámaras de Propiedad Urbana de los tres territorios históricos, para lo cual se nombró al entonces delegado provincial de Vivienda, José María Gonzalo, representante delegado de la Cámara de Bizkaia para que gestionara el proceso.
El Ejecutivo vasco encargó una auditoria y, según ha explicado Mendia, se ha podido cometer "un perjuicio económico a la Hacienda general de 444.345 euros", porque "hay unos pagos que no se conocen y otros que no están justificados.
De esta manera, el Gobierno Vasco intentará determinar si ha existido un delito de malversación por parte de dos personas nombradas por el anterior Departamento de Asuntos Sociales, bajo el mandato de Javier Madrazo (Ezker Batua).
En el proceso de revisión del patrimonio de la Cámara de Bizkaia, el Departamento de Hacienda ha detecatado un "perjuicio económico" causado a la Hacienda general vasca de cerca de 450.000 euros. Corresponden, según el Ejecutivo vasco, a pagos cuyo destinatario se desconoce o son carentes de justificación.
Las dos personas presuntamente responsables del dinero, José María Gonzalo y Jon Alonso, justifican los pagos de ese dinero con la realizacióin del largometraje de ficción de temática gay, ''Ander'' (por parte del servicio Berdindu del Gobierno Vasco).
El Consejo de Gobierno ha acordado poner estos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que determine, en su caso, si encajan en los tipos penales que describen la malversación, al tiempo que se traslada todo lo actuado al Tribunal de Cuentas del Estado para que analice las irregularidades contables y exija responsabilidades, si las hubiera.