La ley para limitar los grandes comercios sale adelante gracias a la oposición

La proposición de ley para regular la implantación de las grandes superficies comerciales en Euskadi ha sido tomada en consideración este jueves por el Parlamento Vasco, con la abstención de los grupos que integran el Gobierno Vasco, PNV y PSE, que confían en que se corrija su falta de seguridad jurídica.

La iniciativa firmada por toda la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP) comienza de este modo su tramitación parlamentaria con las críticas de PNV y PSE-EE, partidos que esperan que los testimonios de expertos urbanísticos en la ponencia que ahora se constituirá sirvan para encauzar el texto que, a su juicio, no cumple con la normativa europea sobre esta materia.

Con esta propuesta la oposición quiere cubrir el vacío legal que se originó después de que en 2015 el Tribunal Supremo anulase las limitaciones que el Ejecutivo autonómico había puesto en 2004 a la creación o expansión de los grandes centros comerciales al considerar que eran contrarias a la libertad de establecimiento de servicios consagrada por la norma europea conocida como "directiva Bolkestein".

Con esta decisión, el alto tribunal español dio la razón a la propietaria del centro comercial Garbera en San Sebastián y anuló las limitaciones de espacio para estos centros recogidas en el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos Comerciales de Euskadi.

Para cubrir el vacío motivado por esta sentencia, el Gobierno Vasco empezó a trabajar a finales de 2017 en la revisión del citado PTS con la idea de adaptarlo a los criterios fijados por el Supremo, pero finalmente optó por que la normativa tuviese rango de ley, lo que dio origen a un anteproyecto de Ley de Regulación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales.

Este anteproyecto se hizo público después de que la oposición registrase en el Parlamento su propia propuesta, tomada en consideración este jueves, en la que se defiende el comercio urbano y se restringe la apertura y ampliación de grandes superficies comerciales.

Se limita la implantación de los grandes establecimientos comerciales, que no pueden exceder los 15.000 metros cuadrados, que deberán ser construidos en la trama urbana consolidada, y se exige que no comporten la necesidad de obras adaptar la urbanización existente.

Varias asociaciones de pequeños comerciantes han seguido el debate desde la tribuna de invitados y tras la votación han considerado "profundamente beneficioso" para su sector el trámite que ahora comienza.