Acuerdan la apertura de juicio oral contra José María Bravo

El instructor del caso de la Hacienda de Irun ha acordado la apertura de juicio oral contra tres de los acusados en el caso: el ex director de la oficina tributaria de la localidad fronteriza José María Bravo, su esposa, Rosa Cobos, y su socio Pedro Atristain, y deja fuera del proceso al decorador José Lamy. El auto da cumplimiento de esta forma a las peticiones formuladas por la Fiscalía y la acusación particular -que ejercen la Diputación Foral y las Juntas Generales de Gipuzkoa-, en sus respectivos escritos de acusación. El documento judicial también declara a la Audiencia de Gipuzkoa "órgano competente" para la celebración de la vista por estepresunto caso de fraude al erario guipuzcoano. El escrito del instructor enumera además los delitos imputados a los tres procesados y las penas que solicitan para ellos tanto la Fiscalía como la acusación particular. En concreto, el Ministerio Público demanda 24 años y tres meses para Bravo como principal responsable de los hechos, diez años y un mes para Cobos, y un año y medio para Atristain. El Ministerio Público reclama también que Bravo y Cobos indemnicen a Hacienda con 1,9 millones de euros más los interesespor las cantidades que presuntamente entregaron al principal acusado una treintena de contribuyentes que creían estar saldando sus deudas con el erario público. Pide asimismo que Bravo pague otros 244.964 euros, más los intereses legales, por las cantidades que dejó de embolsar el fisco a raíz de las "resoluciones de insolvencia o prescripción no ajustadas a derecho" con las que este procesado presuntamente zanjó los expedientes de contribuyentes morosos. Por su parte, la representación de la Diputación y las JJGG solicita 30 para Bravo, ocho años y cinco meses para su mujer, Rosa Cobos, y dos años para su socio Pedro Atristain. La acusación particular responsabiliza a Bravo de adueñarse de 1,8 millones de euros, además de causar un perjuicio patrimonial de 4,8 millones a la Hacienda foral. El auto de apertura de juicio oral acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto al decorador José Lamy, quien fueimputado en el proceso por un presunto delito de cohecho, pero que queda ahora fuera del caso después de que así lo solicitara la Fiscalía y de que la Diputación y las Juntas Generales no lo incluyeran en su relación de acusados. El texto judicial también ratifica la medida de libertad provisional bajo fianza de la que actualmente disfruta José María Bravo, así como los embargos y demás medidas cautelares existentes sobre los bienes de los procesados con el fin de cubrir las"eventuales responsabilidades pecuniarias" en las que hubieran podido incurrir. El documento concede un plazo de diez días a la representación legal de Pedro Atristain para que presente su escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas.