ELA y LAB: 'La reforma da más poder a la patronal'

Los sindicatos vascos ELA y LAB han coincidido en que la reforma de la negociación colectiva aprobada hoy por el Gobierno da más poder a los empresarios en las relaciones laborales y han defendido el "ámbito vasco de decisión".

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, "Txiki", ha opinado que la reforma se hace para "dar más poder al empresario y atacar a los salarios" y ha advertido de que el trámite parlamentario "se va a aprovechar para empeorar" el proyecto aprobado hoy por el Gobierno.

"Ya pasó con la reforma laboral", ha indicado el dirigente sindical.

El sindicato abertzale LAB ha propuesto hacer un plante a la reforma y reivindicar un marco vasco de relaciones laborales y protección social.

"Madrid no tiene legitimidad para decidir nada en nombre de los trabajadores vascos", ha subrayado LAB a través de un comunicado.

En opinión de LAB, con esta reforma, al igual que ocurrió con la reforma laboral, "no se generará ningún empleo", pero "cambiará radicalmente el actual modelo de relaciones laborales a favor de la patronal, a la que le dan más instrumentos para imponer de forma unilateral lo que le conviene y precarizar aún más el mercado laboral".

UGT y CCOO Los sindicatos UGT y CCOO han dicho hoy que confían en recuperar la negociación colectiva con la CEOE porque "sin diálogo social no es posible avanzar en las relaciones laborales".

En un comunicado conjunto, los dos sindicatos han reiterado que "no se sienten vinculados" con el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros y han señalado que "debilita" la negociación de los convenios al dar prioridad a los convenios colectivos de empresa.

Añaden que la reforma no garantiza la capacidad de interlocución y negociación de los trabajadores y abre una brecha en las garantías de cobertura general de los convenios sectoriales estatales.

En este sentido, indican que el decreto del Gobierno "vulnera" el Acuerdo Económico y Social firmado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos y que establece la autonomía de los agentes sociales para la ordenación de los convenios.