Euskadi arrendará 4.000 viviendas protegidas a través de un inversor

El Gobierno Vasco buscará en los próximos meses en los mercados financieros dinero para financiar la construcción y compra de 4.000 viviendas para sacarlas posteriormente al mercado de alquiler protegido durante veinte años. El Ejecutivo del PSE asumirá a cambio del compromiso de pagar a cambio de dicho alquiler una renta pactada que ofrecerá al inversor una rentabilidad cercana al 6,5%.

El Departamento de Vivienda adopta esta fórmula de colaboración entre capital público y privado como herramienta que permita el impulso del alquiler protegido sin tener que recurrir a un endeudamiento que ponga en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit. Sus responsables han sondeado el mercado y dicen estar convencidos de que varios candidatos competirán para lograr este contrato,

"Antes de poner en marcha una operación de esta envergadura se ha sondeado que haya grupos interesados. Creo que vamos a tener candidatos y espero que sean bastantes para poder elegir, haya competencia y se logren mejorar incluso las condiciones de adjudicación del pliego", ha explicado el consejero del ramo, Iñaki Arriola.

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el primer paso en el procedimiento al aprobar una autorización de gasto de 430 millones de euros para realizar el citado contrato mixto (patrimonial y arrendamiento). Este dinero se utilizará para pagar el alquiler de las viviendas al inversor privado, aunque el coste neto será sólo de 249 millones de euros una vez descontados los ingresos por el dinero que pagarán los inquilinos.

El inversor privado que al que se adjudique el contrato tendrá que hacer antes de 2016 una inversión de casi 500 millones de euros para adquirir 2.947 viviendas a Alokabide y Visesa, sociedades participadas por el Gobierno Vasco y las cajas de ahorro, y comprar suelo tanto al Ejecutivo Vasco para construir otras 199 viviendas más. Además, promoverá y construirá por su cuenta 854 pisos adicionales (puede incrementarse en 1000 viviendas más).

Arriola ha dicho que el contrato podría ser adjudicado a finales de octubre y las primeras viviendas podrían ser una realidad a principios de 2012. La primera bolsa de viviendas que saldría al mercado de alquiler protegido estaría formada por unas 1.635 viviendas y cada año sucesivo se incorporarían cerca de 800 pisos hasta el ejercicio 2015. El mantenimiento estructural de los edificios correrá a cargo del inversor privado.