El PSE pide una comisión de fiscalidad donde estén las diputaciones

El PSE-EE ha registrado una iniciativa parlamentaria para que se cree una comisión en la Cámara vasca en la que participen también las diputaciones con el fin de diseñar las directrices generales de una nueva fiscalidad, tal y como reclamó el lehendakari, Patxi López, en el pleno de Política General.

Durante una rueda de prensa el socialista Óscar Rodríguez ha lamentado que la Mesa del Parlamento, por dos veces consecutivas, haya rechazado tramitar una solicitud del PSE-EE para dar luz verde a la propuesta de López de iniciar en la Cámara un debate sobre fiscalidad entre grupos parlamentarios, Gobierno Vasco y diputaciones forales.

Rodríguez ha criticado que "las dos derechas", PP y PNV, se hayan puesto de acuerdo para impedir en la Mesa que se arbitre una fórmula para este debate.

Ante este rechazo de la Mesa, el PSE-EE registró el pasado martes en el Parlamento una proposición no de ley, de cuyo contenido se ha informado hoy, lunes, en la que reclama la creación de una Comisión de Estudio y Análisis sobre Fiscalidad para contrastar opiniones sobre los diferentes modelos y propuestas para Euskadi.

La iniciativa añade que dicha comisión estará abierta a la participación del resto de instituciones implicadas y expertos en la materia (diputaciones forales) con el fin de contar "con todos los sujetos concernidos en esta materia".

Por último, la proposición no de ley socialista pide que el dictamen que salga de dicha comisión sea debatido ante el pleno dela Cámara. Oscar Rodríguez ha recordado que el Gobierno Vasco también es competente en materia de armonización fiscal, como reconoce el Estatuto de Gernika, y ha justificado la urgencia de este debate en la necesidad de implantar una fiscalidad "más justa y progresiva" y fijar los mecanismos para luchar contra el fraude fiscal, todo ello con el fin de mantener el Estado de Bienestar.

Ha aportado algunos datos ya conocidos, como que la economía sumergida ronda el 17 por ciento en Euskadi o que el fraude fiscal se cuantifica en unos 2.000 millones de euros en el País Vasco.