Economía -

Encuesta del CIS

Ocho de cada diez españoles creen que no hay justicia fiscal

No creen que paguen más los que más tienen y más de la mitad de los encuestados está convencido de que paga muchos impuestos.

Redacción

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El 82,8 % de los españoles creen que los impuestos no se cobran con justicia, es decir, no consideran que paguen más los que más tienen, en tanto que más de la mitad de la ciudadanía (54,5 %) está convencida de que paga muchos impuestos.

Son datos de la encuesta anual sobre opinión pública y política fiscal que elabora el Centro de Investigaciones Sociedades (CIS), según la cual el 61,5 % de los encuestados piensa además que lo que paga al Estado en tasas le beneficia poco o nada.

Un porcentaje similar (59,1 %) entiende que recibe menos del Estado en servicios públicos de lo que está pagando en impuestos y cotizaciones.

Asimismo, el 84,1 % de los españoles considera que existe mucho o bastante fraude fiscal y el 65,2 % cree que la administración hace pocos o muy pocos esfuerzos por combatirlo.

La mayoría (59 %) se considera bastante consciente y responsable a la hora de pagar impuestos y el 84,7 % entiende que engañar a Hacienda supone engañar al conjunto de la sociedad, además de ver inaceptable comportamientos tales como fingir enfermedad para no ir a trabajar o fijar el domicilio en otro país para no pagar impuestos.

Los ámbitos donde los encuestados creen que hay más fraude son las empresas, los partidos políticos y entre los ricos y poderosos.

Preguntados por eventuales medidas para reducir el déficit público, el 88,3 % se muestra poco o nada de acuerdo en recortar el gasto social y el 70,4 % dice lo mismo sobre la posibilidad de subir los impuestos.

Por el contrario, el 30,7 % estaría muy o bastante de acuerdo en reducir la inversión pública en infraestructuras y un porcentaje parecido (27,5 %) aprobaría la privatización de servicios públicos como el agua o la limpieza.

Según el sondeo, realizado en julio, la mayoría (53,9 %) asume que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, si bien hay un 34,2 % que dice no saber muy bien por qué están obligados a pagarlos.

En general, los encuestados son muy críticos con el funcionamiento de los servicios públicos, de los que la sanidad y el transporte público son los mejor valorados.

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