Dos testigos reconocen haber negociado 'quitas' con Bravo

Dos de los siete contribuyentes que han testificado en el juicio por el presunto fraude de la oficina tributaria de Irun han reconocido haber negociado "quitas" con el principal acusado, José María Bravo, de las deudas que sus empresas o representados mantenían con la Hacienda Foral. En la octava sesión de este juicio, que se celebra en la Audiencia de Gipuzkoa, han prestado declaración seis personas, mientras que se ha dado lectura en la sala al testimonio de una séptima, la cual admite el pago de una deuda de 300.000 pesetas, que entregó a Bravo, jefe de la oficina de Irun, personalmente y en metálico.

Algunos de los pagos efectuados y de los que supuestamente se apropiaron los acusados -Bravo, su esposa, Rosa Cobos, y su socio, Pedro Atristain- se hicieron en metálico y otros mediante cheques y pagarés, unos siguiendo las indicaciones de Bravo y otros por propia iniciativa.

La última testigo en declarar, miembro de una empresa familiar de albañilería que debía a Hacienda unos 20 millones de pesetas -10 de principal y el resto de intereses y recargos-, ha señalado que llegaron a un acuerdo sobre la forma de saldar la deuda, pero ha asegurado se abonó en su totalidad.

La mitad de ese dinero, tras haber hecho entrega de cantidades fraccionadas en la oficina que Hacienda tiene en el barrio de Gros de Donostia, cuya suma total no ha precisado, la obtuvieron de un préstamo bancario y la entregaron en metálico y en su totalidad para realizar la operación a Mariano Bravo, abogado de su padre, que inicialmente fue imputado en el caso por la jueza de Instrucción, aunque tres días después esta corrigió su auto y lo excluyó.