Falsear cuentas públicas se castigará con hasta 4 años de prisión

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de ministros de los pormenores de la ley de Transparencia, que ha sido endurecida tras los informes realizados por el Consejo de Estado y por el Consejo General del Poder Judicial.

El anteproyecto de ley preveía castigar las conductas de cargos públicos que falsearan cuentas u ocultaran datos de naturaleza contable con una multa y una inhabilitación de hasta diez años.

Además, habrá una modificación de la ley electoral para que quienes incurran en una sanción muy grave por incumplir la ley de estabilidad presupuestaria no puedan presentarse a elección alguna en cualquier ámbito, ya sea en los comicios generales, autonómicos o locales.

Una vez asumidas las recomendaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, la vicepresidenta se ha mostrado convencida de que la ley de Transparencia ha ganado "en rigor y en contundencia".

Ha destacado igualmente que esos y otros órganos constitucionales, como el Tribunal de Cuentas, deberán aplicar también la ley de Transparencia, así como las sociedades mercantiles en las que la participación pública sea de más del 50%.

Asimismo, se refuerza la independencia y las garantías de control de la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Gobierno pero que deberá ser respaldado por mayoría absoluta del Congreso tras comparecencia previa en esta Cámara.

"Organizar bien" los supuestos del aborto

La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno está trabajando para "organizar bien" el sistema de supuestos en el que se basará la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón.

"Hemos dicho que vamos a modificar la regulación de plazos hacia un sistema de casos y hay que organizar bien ese sistema de casos para que cumplan, entre otros, los convenios internacionales", ha remarcado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha recordado, el PP "dejó muy claro" en su programa electoral que iba a llevar a cabo una reforma de la Ley del Aborto que se basaba en dos puntos: la edad (para no permitir que las menores de entre 16 y 18 años aborten sin consentimiento o sin conocimiento de sus padres) y el cambio de una ley de plazos por una de supuestos.