Semana decisiva para la 'extra' de los funcionarios vascos

Los 67.000 funcionarios del Gobierno Vasco están a la espera de la decisión que el Tribunal Constitucional pueda adoptar esta semana sobre la intención del Ejecutivo vasco de abonar la paga extra de Navidad en diciembre y cuya suspensión cautelar podría ser decretada por el Alto Tribunal.

El pasado miércoles, el Gobierno central planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno socialista en funciones de Patxi López de hacer efectiva esa extra en contra de lo establecido en un real decreto.

Este conflicto no estaba incluido el pasado viernes en el orden del día del pleno del Tribunal Constitucional que se inicia el próximo martes, pero puede que el mismo lunes o martes se incluya el asunto en una "adición" a los temas a tratar.

Por lo tanto, el Alto Tribunal, que celebra plenos cada quince días, analizaría esta cuestión en su reunión del martes, día en el que también podría decidir sobre la admisión o no a trámite del conflicto de competencias y sobre una eventual suspensión cautelar del pago.

Se pagará el día 20 o 21

El Gobierno Vasco en funciones está trabajando "en los plazos establecidos" para abonar a sus 67.000 funcionarios la paga extra de Navidad hacia el 20 o 21 de diciembre como suele ser habitual, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

Si antes de que se produzca la decisión del TC el Gobierno Vasco ha ordenado el abono de la paga extra, la medida no podrá ser suspendida, tal y como ya ha apuntado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Juan Luis Ibarra afirmó que el Tribunal Constitucional no podrá suspender de forma cautelar el pago de la remuneración extraordinaria de Navidad del Gobierno vasco si éste da la orden de pago antes de que el alto tribunal se reúna para pronunciarse al respecto.

"Nuestra voluntad es abonar la paga extra de Navidad y en eso estamos", pese al conflicto de competencias que ha presentado el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, han subrayado las mismas fuentes.

El Gobierno Vasco en funciones se apoya en un informe jurídico que avala la legalidad de llevar a cabo la medida anunciada.

Acusaciones

Además opina que el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy trata de evitar que se cree un "precedente" con otras comunidades autónomas.

Euskadi calificó esta advertencia de "abuso" que "suena a chantaje" por tratar de "intimidar a funcionarios públicos para influir de forma ventajista en un conflicto jurídico y político" algo que a juicio del Gobierno Vasco en funciones es "incalificable".