La Fiscalía se opone a que el TC suspenda la condena de Otegi

La Fiscalía ha rechazado ante el Tribunal Constitucional (TC) que el dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi y los otros cuatro condenados en el caso Bateragune sean excarcelados provisionalmente.

A principios de mayo, el Constitucional admitió a trámite los recursos de las defensas y abrió pieza separada para estudiar si deja en suspenso las condenas mientras resuelve sobre el fondo del asunto, lo que de acordarse supondría la excarcelación de Otegi, el ex secretario general del sindicato LAB Rafa Díez, Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez.

El Ministerio Público cita en sus informes la doctrina del Constitucional a este respecto, según la cual existe una frontera entre las penas cuya duración excede de 5 años, a las que no se aplicaría la suspensión, e inferiores a 5 años, respecto a las cuales con carácter casi general se otorgaría la suspensión.

El fiscal recuerda en su informe que los recurrentes han sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre seis años y seis años y seis meses, es decir, en todo caso penas superiores en más de un año a la pena fronteriza de 5 años, lo que les sitúa fuera de los beneficios de la suspensión.

En su informe a la petición de suspensión formulada en los dos recursos, el fiscal añade que el delito objeto de este recurso "es de gran trascendencia social, por ser un delito relacionado con la organización de una banda armada causante de numerosas víctimas, atendido asimismo el bien jurídico protegido que es la paz social".

El fiscal solicita al tribunal que se dé la máxima celeridad y un carácter preferente a la tramitación de los mencionados recursos de amparo, dada la situación de privación de libertad de los demandantes.

Las condenas

Hace un año, el Tribunal Supremo decidió mantener en prisión a Otegi y Díez, aunque rebajó de 10 a seis años y medio la pena de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional. Del mismo modo, rebajó de 8 a 6 años la pena de los otros tres condenados. En este momento, han cumplido ya más de la mitad de la condena.

El tribunal consideró probado que los condenados intentaron reconstruir la ilegalizada Batasuna por orden de ETA a través de un grupo denominado Bateragune, por lo que les consideró culpables de sendos delitos de integración en organización terrorista.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, sin embargo, los acusados escenificaron su rechazo de la violencia y negaron pertenecer a Bateragune, que describieron como una "estructura interna de Ekin".

En ese sentido, Arnaldo Otegi afirmó que a la izquierda abertzale la violencia de ETA "le sobra y estorba", defendió "el cese definitivo de la violencia armada y el desmantelamiento de la estructura militar" y aseveró que "ETA piensa que la acumulación de fuerzas es posible manteniendo la lucha armada, pero nosotros no".

Por su parte, Rafa Díez aseguró que su objetivo y el de los otros acusados era "abrir el melón" del debate sobre el fin de la violencia en el seno de la izquierda abertzale, y que actuaron "de forma autónoma" y "sin tutelaje alguno", en referencia a ETA.