Política -

Invasión de competencias

Euskadi recurre ante el Constitucional la reforma de la Ley de Costas

El Ejecutivo cree que la última reforma de la Ley de Costas del Gobierno Rajoy invade competencias de Euskadi

El Ejecutivo recurrirá la Ley de Costas de Rajoy. EiTB.
El Ejecutivo recurrirá la Ley de Costas de Rajoy. EiTB.
El Ejecutivo recurrirá la Ley de Costas de Rajoy. EiTB.

Redacción

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El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha anunciado que su Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la última reforma de la Ley de Costas del Ejecutivo central, al considerar que "invade competencias" de Euskadi.En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha precisado que se ha decidido presentar ese recurso de inconstitucionalidad porque, en concreto, consideran que esta Ley "invade" competencias como la de ordenación del territorio y del litoral, la competencia en materia de urbanismo y vivienda y la relativa a medio ambiente y ecología.

Por un lado, la nueva Ley de Costas atribuye al Estado la capacidad de suspender algunos actos en materia de urbanismo adoptados por las corporaciones muncipales, un precepto que denuncia al Gobierno vasco porque, recuerda, "el Estado carece de competencias en materia urbanísticas y por tanto no tiene capacidad para suspenderlos y menos a través de una vía excepcional para casos de extrema gravedad y urgencia prevista en el artículo 67 de la Ley de bases de régimen local".

Por otra parte, Erkoreka asegura que el Gobierno de Rajoy vulnera la competencia vasca en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda porque "es a esta Administración a quién corresonde establecer los trámites oportunos para cumplir los criterios de eficiencia energética y ahorro de agua en las obras que se realicen en los inmuebles situados en la franja litoral. Y no al Estado como se establece en la última reforma", ha añadido.

Además, la reforma de la Ley de Costas, excluye singularizadamente 12 espacios litorales españoles del dominio público marítimo-terrestre, "una exclusión que permite darles un tratamiento jurídico diferente que al resto", sostiene el Gobierno Vasco.

 

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