El Gobierno español tiene un mes para vetar la petición de competencia

El Gobierno español tiene desde este viernes un mes para decidir si veta o no la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pide que se delegue en la Generalitat la competencia para convocar la consulta independentista, después de que la iniciativa se haya publicado hoy en el Boletín de las Cortes.

El pasado martes, la Mesa del Congreso dio el visto bueno a la tramitación parlamentaria de la propuesta del Parlamento de Cataluña, al ajustarse al Reglamento de la Cámara.

Publicada la propuesta, el Ejecutivo tiene ahora 30 días para mostrar su conformidad o no con la proposición, en el caso de que ésta implique "aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios", según el artículo 126.2 del Reglamento. Se trata de una prerrogativa que los diferentes gobiernos han utilizado de forma excepcional, por lo que no se espera que en esta ocasión se oponga a la tramitación.

De hecho y para evitar ese hipotético veto del Gobierno de Rajoy, la Generalitat ya ha consignado una partida en los presupuestos de 2014 para financiar la consulta soberanista, anunciada para el 9 de noviembre.

Doble vía para que el debate se produzca cuanto antes

Transcurrido este mes sin que el Gobierno se haya opuesto expresamente a su tramitación, la proposición quedará en condiciones de elevarse al pleno, aunque si no se retira ninguna de las proposiciones de otros parlamentos autonómicos pendientes de debate, la iniciativa no llegaría al pleno hasta junio o septiembre.

Sin embargo, fuentes parlamentarias no descartan que se retiren algunas de estas proposiciones autonómicas -hay cinco en cola, una de ellas también de Cataluña- para adelantar el debate de la consulta soberanista a esta primavera.

No obstante, y para evitar retrasos, las tres formaciones del Congreso que apoyan la consulta -CiU, ICV y ERC- tienen un "plan B" para forzar que la iniciativa se debata a finales de marzo, o como mucho en abril. Estos tres partidos presentarán el próximo 3 de febrero una proposición de ley en los mismos términos que la aprobada por el Parlamento de Cataluña y un segundo texto -también idéntico- firmado por un mínimo de 15 diputados, tal y como exige el Reglamento.

En cualquier caso, y ya sea con la fórmula de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, con una proposición de los grupos nacionalistas o la presentada por 15 diputados, la consulta independentista será rechazada por cerca de un 85 %  del Congreso. Si no hay sorpresas, votarán en contra los 185 diputados del PP, los 110 del PSOE -a expensas de lo que puedan hacer los diputados del PSC- y los cinco de UPyD, a los que habría que sumar los diputados no nacionalistas del Grupo Mixto.