Treviño: 'Pedir anexionarse a Araba no es una aventura soberanista'

Los alcaldes del Condado de Treviño (Burgos) han afirmado que la iniciativa que aprobará el jueves el Parlamento Vasco para pedir la anexión del enclave burgalés a Álava "no es una aventura soberanista" sino una vía administrativa que busca una solución en la prestación de servicios en la zona.

El alcalde de Treviño, Ignacio Portilla, y los tenientes de alcalde de Lapuebla de Arganzón, Begoña García, y de Treviño, Adolfo Estavillo, han comparecido en la capital alavesa para referirse a la iniciativa sobre Treviño que se vota pasado mañana en la Cámara de Vitoria.

El texto, que ha sido impulsado por el PNV, cuenta con el apoyo de los nacionalistas, de EH Bildu y del PSE-EE, lo que le garantiza mayoría suficiente para salir adelante.

Cuando se apruebe supondrá que se llevará al Congreso de los Diputados una propuesta legislativa para modificar los límites provinciales de Euskadi y de Castilla y León, y anexionar el enclave a Euskadi, sin necesidad de que esta comunidad esté de acuerdo.

Asimismo, ha afirmado que no es ninguna aventura soberanista sino un intento de buscar una solución administrativa a una situación que "cada vez es más insostenible" porque "Castilla y León prácticamente no presta servicios" en la zona.

"La acción del Parlamento Vasco con Treviño es ilegítima"

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha afirmado que "la intervención del Parlamento Vasco sobre Treviño es ilegítima", en referencia a la posible aprobación de una ley sobre la anexión del enclave a Álava.

Rico ha reconocido, en rueda de prensa, que el expediente que se tramita en el Parlamento Vasco "puede ser legal", pero "no es legítimo", porque supone llegar a las Cortes Generales "por la puerta de atrás".

Una vez cerrada la petición de segregación por las Cortes de Castilla y León, argumentando razones históricas, jurídicas y culturales, los alcaldes de los dos municipios del enclave pidieron a los grupos del Parlamento Vasco la aprobación de una ley, que obligaría a que esta solicitud se debata en las Cortes Generales.