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PARLAMENTO VASCO

Toña: 'Haremos nuestra la ley, aunque será una tarea compleja'

La aplicación de la norma, según el Gobierno Vasco, obligará a 'ajustes presupuestarios' y requerirá de 'partidas adicionales relevantes de entre 60 y 80 millones al año'.

Angel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales
Angel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales
Angel Toña, consejero de Empleo y Políticas Sociales

AGENCIAS | REDACCIÓN

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El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha afirmado hoy que el Gobierno Vasco "hace suya" la Ley vasca de Vivienda aunque ha advertido de que algunos de sus preceptos pueden "crear una cierta inseguridad jurídica" y obligará a invertir entre 60 y 80 millones adicionales cada año.

El Parlamento Vasco ha aprobado la Ley de Vivienda, que contempla la expropiación temporal de pisos a bancos, la imposición de un canon a viviendas vacías y reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales.

La aprobación de esta ley vasca se produce después de que el Tribunal Constitucional anulase aspectos similares de la ley andaluza antidesahucios.

En su momento el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, mostró sus dudas sobre este proyecto legislativo porque, entre otras cuestiones, podría generar un efecto llamada de "proyección mundial" ante la posibilidad de que "cualquier persona de cualquier lugar del mundo" por el hecho de estar empadronada en Euskadi sería titular del derecho subjetivo a una vivienda.

Hoy el consejero de Empleo y Políticas Sociales, del que depende la política de vivienda, ha matizado esta postura y ha asegurado que en atención al "deber de lealtad al país y a este Parlamento" el Gobierno Vasco se compromete con el desarrollo reglamentario y aplicación de la ley, aunque será una tarea "compleja".

"Como Gobierno, hacemos nuestra la ley que ha aprobado el Parlamento Vasco", ha dicho Toña a los periodistas en los pasillos de la Cámara de Vitoria.

También ha constatado que la aplicación de la norma obligará a "ajustes presupuestarios" porque los recursos actuales de su Departamento "no son suficientes para los retos que plantea la nueva ley" y que, según sus primeros cálculos, requerirá de "partidas adicionales relevantes" de entre "60 y 80 millones al año".

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