Política -

11 jóvenes procesados

Más de 80 alcaldes piden juzgar el caso de Alsasua en Navarra

Las máximas autoridades de la cuatro capitales vascas, así como de decenas de municipios se solidarizan con la petición de las familias.

Una manifestación en favor de los detenidos en Alsasua. EFE
Una manifestación en favor de los detenidos en Alsasua. EFE

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Euskaraz irakurri: 83 alkatek Altsasuko auzia Nafarroan epaitzea eskatu dute

Más de 80 alcaldes, entre ellos los de Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, han solicitado trasladar el caso de Alsasua de la Audiencia Nacional a la Audiencia Provincial de Navarra.

Entre los firmantes de la petición están los máximos responsables municipales de las cuatro capitales vascas: Juan María Aburto, Eneko Goia, Joseba Asiron y Gorka Urtaran. También han respaldado la solicitud casi medio centenar de alcaldes de Navarra, más de una veintena de Gipuzkoa, una decena de Bizkaia y cuatro de Álava.

Los primeros ediles expresan su apoyo a las peticiones de las familias de los 11 jóvenes procesados, peticiones respaldadas a su vez por numerosos juristas e instituciones. Todos ellos solicitan que no se consideren los hechos registrados el 15 de octubre en un bar de la localidad navarra delito de terrorismo, y por tanto, pase a manos de la Audiencia Provincial de Navarra.

Las personas firmantes hacen suyas, igualmente, las peticiones del Parlamento de Navarra y del Ayuntamiento de Alsasua. Ambas instituciones adoptaron sendos acuerdos donde mostraban su disconformidad con la encarcelación de los jóvenes, pedían "proporcionalidad en la aplicación de la justicia", y exigían el traslado del caso a Navarra.

La recogida de firmas de apoyo ha sido impulsada por el alcalde de Alsasua, Javier Ollo; la abogada Sonia Ontoria, y el catedrático de derecho Penal de la UPV/EHU, Iñaki Lasagabaster, quienes esperan nuevas adhesiones en las próximas semanas.

El altercado de Alsasua fue instruido en un primer momento por la Audiencia Provincial de Navarra, para poco después pasar a manos de la Audiencia Nacional, que calificó los hechos de delito de terrorismo. El caso ha sido suspendido hasta que el Tribunal Supremo resuelva la cuestión de competencia.

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