Presentan el informe para reparar el daño a las víctimas policiales

El Gobierno Vasco ha presentado, de forma oficial, el informe sobre ''víctimas de motivación política'', que recoge vulneraciones de derechos humanos por parte de "agentes del Estado" hasta mediados de la década de 1980, con un llamamiento al "consenso" y a no caer en la "equiparación" entre esta realidad y las víctimas de ETA.

El texto, denominado ''Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidas en un contexto de violencia de motivación política'', y realizado a petición del Parlamento Vasco, ha sido presentado este martes ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca.

El documento, dado a conocer por las responsables de las direcciones de Atención a las Víctimas, Maixabel Lasa, y Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maestu, incluye una definición de este tipo de violencia.

En ella, se indica, en primer lugar, que "sus autores son agentes del Estado que han actuado con evidente abuso de poder", y alude a "aquellas organizaciones y grupos parapoliciales que han contado son el apoyo o aquiescencia" de los primeros.

Además, se indica que las vulneraciones de derechos humanos contempladas en el documento "se han realizado con cierto grado de organización, en un intento de influir en la sociedad o en la política y muchas veces bajo un contexto de impunidad".

Víctimas

El tercer elemento de la definición señala que los damnificados por este tipo de violencia "son elegidos por una motivación política: bien por sus convicciones o ideología o con el objetivo de amedrentar y causar terror en la población".

El informe contempla tres periodos históricos que abarcan desde 1968 hasta la actualidad. No obstante, se indica que a la última etapa analizada, correspondiente al periodo entre la segunda mitad de la década de 1980 hasta 2010, no se le aplican los dos primeros elementos de la definición, dado que se trata de un tiempo en el que en España se ha logrado ya "un Estado democrático y de derecho comparable con otros de su entorno europeo".

Sobre esta última etapa, se afirma que las violaciones de derechos en ella incluidas son aquellas producidas "como consecuencia del abuso de autoridad o la extralimitación de poder por parte de agentes del Estado en el desarrollo de la política antiterrorista", pero a las que "no cabe aplicar de modo genérico el calificativo de violencia de motivación política". De todas formas, se señala que esto "no afecta a la gravedad" de estos hechos.

No hay censo

A diferencia del trabajo sobre este mismo asunto elaborado por el anterior Gobierno vasco, este informe no incluye un censo de afectados por vulneraciones de derechos humanos atribuibles a las Fuerzas de Seguridad del Estado o a grupos parapoliciales, sino que se describen los supuestos que pueden ser catalogados como casos de ''violencia de motivación política''.

Desde la Dirección de Atención a las Víctimas se ha reconocido el "valor" de dicho listado, que atribuía 105 muertes a las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque se ha explicado que la decisión de no incluirlo en el informe responde al objetivo de no generar falsas expectativas a los afectados, dado que un mero listado que no se vea acompañado de una norma de suficiente rango no genera "efectos jurídicos".

Medidas para la reparación

El trabajo contiene un catálogo de medidas destinadas a la "reparación" de los damnificados por este tipo de violencia. Entre ellas se incluye la propuesta de garantizar una dotación presupuestaria suficiente para llevar a la práctica las mencionadas iniciativas, la creación de una ponencia parlamentaria sobre este tema y la aprobación de una declaración institucional como primer paso hacia el "reconocimiento público" a estas víctimas.

La directora de Derechos Humanos del Gobierno vasco ha asegurado que el reconocimiento de este colectivo "era una deuda contraída por las instituciones". En esta línea, ha manifestado que este "ejercicio de revisión" del pasado "perfecciona la democracia" y contribuye a "la deslegitimación de la violencia".

Por su parte, la directora de Atención a las Víctimas ha explicado que el informe es "el inicio del camino para el reconocimiento de una realidad incontestable". No obstante, ha alertado de la necesidad de evitar "discursos equiparadores" para "no alimentar el reiterado recurso de la teoría del conflicto político del que emanaría, como manifestaciones inevitables de violencia paralela, el terrorismo de ETA, por un lado, y las vulneraciones de derechos humanos, por otro".