LAB reclama la admisión de un ex preso a su puesto de bombero en la Diputación

El sindicato LAB ha reclamado hoy la readmisión del expreso Iñaki Igerategi en el cuerpo de bomberos de la Diputación de Gipuzkoa, tras haber cumplido una condena de seis años impuesta en 2012 por la Audiencia Nacional por su vinculación con ETA. Igerategi fue puesto el libertad el 18 de febrero de este año.

Representantes de LAB y bomberos de la Diputación de Gipuzkoa, junto al propio Igerategi, han desplegado dos pancartas con el lema 'Iñaki lanera! Aldundira!' (Iñaki al trabajo, a la Diputación) en el puerto de Donostia / San Sebastián, coincidiendo con la primera jornada de las Regatas de la Concha.

En declaraciones a los periodistas, el representante de LAB Jokin Zubieta ha denunciado que el Gobierno foral ha tomado una decisión "injusta e ilegal" en contra de Igerategi "negándole el derecho de volver a su puesto" tras cumplir la condena íntegramente. "El PNV, que proclama una solución para los presos y dice estar a favor de la normalización, ha optado por ir en dirección contraria en este caso", ha señalado Zubieta, quien ha incidido en la necesidad de "construir una sociedad que reconozca los derechos" de los exreclusos de forma que "recuperen los derechos que se les han negado, entre ellos el derecho al empleo".

En ese sentido, ha advertido de que no aceptan el despido y han reclamado al PNV que "corrija su decisión para que nuestro compañero vuelva a su puesto de trabajo".

Por su parte, Iñaki Igerategi, que ha tomado parte en la concentración, ha explicado que cuando solicitó su reincorporación a su puesto la respuesta que recibió es que"no se podía por ley", con "argumentaciones bastante pobres", tras lo que fue remitido "a los tribunales", donde, según ha comentado, ya ha presentado una demanda en el ámbito de lo contencioso-administivo que espera que se resuelva durante el próximo año. De este modo, Igerategi ha denunciado que "los seis años de inhabilitación al PNV no le valen, lo que le vale es una inhabilitación de por vida y por eso me dicen que a la calle, y no podemos hacer nada".

La Diputación de Gipuzkoa alega por su parte que "la pena de inhabilitación especial impuesta por la sentencia supone la pérdida de ese puesto de trabajo".