Política -
Corrupción
Ana Botella, condenada por vender ilegalmente viviendas sociales
El Tribunal de Cuentas condena a la exacaldesa de Madrid y a seis concejales de su equipo de gobierno a pagar 22,7 millones de euros por vender pisos públicos a fondos buitre.
AGENCIAS | REDACCIÓN
Euskaraz irakurri: Ana Botella etxebizitza publikoak legez kanpo saltzeagatik zigortu dute
La exacaldesa de Madrid, Ana Botella, y seis de sus ediles han sido condenados a pagar 22,7 millones de euros por vender de forma "ilegal", sin concurrencia, publicidad y por debajo de su precio, 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Fidere en 2013.
El Tribunal de Cuentas ha acordado esta condena, que será recurrida por estos concejales y por Botella, en un fallo adoptado ayer, en el que considera que las 18 promociones de vivienda fueron enajenadas por debajo del precio contable y de mercado generando un perjuicio al erario público de 25,7 millones de euros.
El Tribunal condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros.
El Tribunal considera probado que esta venta, por 128 millones de euros, se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado.
La enajenación se hizo "sin elaborar un pliego de condiciones de la venta, ni hacer un estudio técnico de la necesidad económica y viabilidad jurídica de la misma, ni fijar con carácter previo, mediante el oportuno informe técnico o tasación homologada, el valor de los inmuebles a enajenar", asegura el fallo.
Además, la EMVS "no promovió una verdadera concurrencia" puesto que "con carácter previo y por tanto privilegiado" la empresa pública facilitó información sobre la compraventa a cuatro entidades, una de las cuales, Fidere, resultó adjudicataria.
El Tribunal considera probado que la excaldesa y los ediles de su equipo de Gobierno "no advirtieron ni evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público".