Velasco remite al Supremo una querella contra Eguiguren

El juez Eloy Velasco ha acordado remitir al Tribunal Supremo la querella interpuesta por Manos Limpias contra los enviados del Gobierno en los contactos con ETA de 2006, al ser aforados dos de ellos, el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el vocal del Consejo General del Poder Judicial Javier Gómez Benítez .

El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que acuerda no admitir a trámite esta querella, alentender que la Audiencia Nacional carece de competencia para ello, "pues aunque se imputen delitos en materia terrorista, prima la condición de la función pública ejercida por los querellados sobre la materia terrorista denunciada".

La querella del Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, interpuesta el pasado 30 de marzo y basada en las actas de ETA intervenidas a Francisco Javier López Peña, "Thierry", va dirigida, además de contra Eguiguren y Gómez Benítez, contra el exministro y el exfiscal general del Estado de Justicia Javier Moscoso, por los delitos de colaboración con banda armada y encubrimiento.

Velasco considera que la Sala Segunda o de lo Penal del Tribunal Supremo es la competente para decidir sobre esta querella por ser Gómez Benítez vocal del CGPJ y Eguiguren parlamentario vasco, al que se denuncia por "hechos ocurridos fuera del ámbito territorial del País Vasco".

En cuanto a Moscoso, el juez explica que si bien "la doctrina habitual" del Supremo es atribuirse la competencia respecto de los aforados y excluirla respecto del resto de querellados no aforados", esta misma doctrina "ha sido matizada en aquellos casos en que no es posible distinguir comportamientos que, de hacerlo, podrían dar lugar a pronunciamientos judiciales contradictorios".

Por ello, decide dejar en manos del Supremo la decisión sobre la competencia y que sea el alto tribunal el que determine el órgano judicial que debe hacerse cargo de esta querella en cada caso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la admisión de esta querella, recordando que "el Tribunal Supremo ha reiterado una y otra vez la naturaleza no delictiva de tales conversaciones y contactos" y criticaba así que se pretenda "criminalizar ámbitos de actuación estrictamente política".