El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictamina que Gorka Lupiáñez fue torturado

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el preso de ETA Gorka Lupiáñez sufrió torturas durante su detención en régimen de incomunicación en 2007.

Según una declaración emitida por esa instancia en Ginebra, formada por un grupo de 18 expertos independientes, "España ha violado los derechos humanos" de Lupiáñez, por lo que ha instado al Estado español "a garantizar justicia y reparación para el demandante". Asimismo, el Comité ha pedido a España que cese las detenciones en régimen de incomunicación, "que crean un contexto más propicio a la tortura".

Lupiáñez denunció ante el Comité de Naciones Unidas al Estado español en junio de 2015. Según su testimonio, los hechos denunciados se iniciaron en diciembre de 2007, cuando agentes de la Guardia Civil lo detuvieron en la localidad vizcaína de Berriz. Denunció que los éstos y otros agentes le sometieron durante ocho días a malos tratos y torturas tanto en el cuartel en La Salve de Bilbao como en la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid y en los consiguientes traslados.

Afirmó haber sido víctima de palizas, pinchazos en la columna vertebral, intentos de ahogamiento con bolsas de plástico en su cabeza, privación de sueño, amenazas de muerte y otros abusos.

La Guardia Civil defendió en su día que estas denuncias eran falsas y "un recurso habitual" entre los detenidos en relación con ETA. España argumentó que "el régimen de incomunicación siempre se realiza con control judicial y está sujeto a supervisión médica diaria del detenido", según el dictamen hecho público.

Las autoridades españolas defendieron ante la instancia de la ONU que Lupiáñez fue "tratado de forma correcta" y "reconocido a diario por un médico forense" que no encontró huellas de las vejaciones que ha denunciado.

Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos ha admitido el testimonio de Lupiáñez y ha recordado hoy que "la tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por motivos de seguridad nacional", en palabras de la experta Tania Abdo Rocholl, una de los miembros del Comité.

El Comité ha dicho que espera que España le informe en un plazo de 180 días sobre las medidas que va a tomar en respuesta a su dictamen, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ratificó en 1985.

El pasado 12 de abril la Audiencia Nacional condenó a Lupiáñez a 50 años de prisión por secuestrar en Francia a una familia española formada por una pareja y su hijo de 4 años, con el fin de robar su autocaravana.