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Bárcenas afirma que los ordenadores que destruyó el PP tenían la contabilidad B

Luis Bárcenas niega la versión del PP y asegura que los ordenadores eran suyos y que estos contenían "información confidencial, delicada y relevante" sobre la financiación ilegal del partido.

Imagen de archivo de Luis Bárcenas. Foto: EFE
Imagen de archivo de Luis Bárcenas.
Imagen de archivo de Luis Bárcenas. Foto: EFE

AGENCIAS | REDACCIÓN

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Euskaraz irakurri: Barcenas: 'PPk ezabatutako informazioa B kontabilitateari buruzkoa zen'

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha contradicho la versión del partido al manifestar que los ordenadores que destruyó la formación eran suyos y contenía "información confidencial" que "daba continuidad a eso que se llaman mis papeles", es decir, a la contabilidad B de los populares.

De traje y custodiado por dos agentes y junto a su abogado, Bárcenas, que retiró su acusación en este procedimiento, ha testificado en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid por las destrucción de los dos ordenadores portátiles del extesorero que ordenó el PP.

Esta mañana la representante del PP, acusado como persona jurídica; el asesor jurídico Alberto Durán; la exgerente Carmen Navarro; han manifestado que los ordenadores eran propiedad del PP y que cuando el jefe informático José Manuel Moreno los encendió, sin que introdujera ninguna contraseña, no había ni un solo dato o información, de manera que procedieron al borrado seguro de los terminales porque era "material del partido".

Pero Bárcenas ha dicho todo lo contrario. "Los ordenadores eran siempre míos", se entraba "siempre con contraseñas" y contenían "información que siempre fue relevante" por eso le pidió a su abogado en julio de 2013 que los reclamara al PP, porque había "recibos escaneados" de "pagos reflejados" en la contabilidad B que figura en los denominados como papeles de Barcenas.

El extesorero, que cumple una condena de 33 años de prisión en la cárcel en Soto del Real (Madrid) por la trama Gürtel, ha detallado que en el Toshiba "había hojas de cálculo, datos con mis cuentas corrientes, presupuestos del partido, campañas, como se financiaba, hojas excel y otras que daban continuidad a eso que se llama mis papeles".

Y en el Apple, ha continuado, "había documentos escaneados de recibís, complementos a la información de los papeles que van desde 1990 a 2008, soportes documentales, presupuestos de campañas, cómo se habían financiado, quienes habían sido los donantes y autorizaciones firmadas por personas que suscribieron las acciones de Libertad Digital".

Ahora bien, ha querido dejar claro que "no tenía el más mínimo interés en hacer pública" esos documentos porque era "información confidencial" que había gestionado con el extesorero Álvaro Lapuerta.

No obstante, ha precisado que más tarde, tras hablar con su abogado de entonces, decidió entregar todo a la Justicia, no solo el pendrive que remitió a la Audiencia Nacional con la caja B del PP sino los ordenadores con esa "información histórica, delicada y relevante".

Cospedal mantiene que no ordenó el borrado de los ordenadores

Por su parte, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha mantenido su versión sobre el borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, sobre lo que ha dicho que no ordenó nada, aunque sí ha matizado que a esos dispositivos se les aplicó el protocolo habitual sobre el material de trabajadores que ya habían dejado el partido.

En el juicio en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, donde ha comparecido en calidad de testigo, Cospedal ha explicado que cuando en el PP se tuvo conocimiento de que Bárcenas tenía "una cuenta irregular en Suiza de cuarenta y tantos millones, la presunción de inocencia ya no iba a ninguna parte", ya que se trataba de "un hecho escandaloso y vergonzante".

Esta circunstancia, unida al hecho de que el extesorero había presentado una demanda de conciliación contra el partido "para intentar demostrar que seguía trabajando en el PP", ha insistido una vez más en que fue ella misma la que tomó la decisión de prohibirle la entrada en la sede de la calle Génova de Madrid.

 

 

 

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