El Gobierno Vasco estudia articular vías para impedir desahucios

El lehendakari Patxi López ha anunciado hoy que el Gobierno vasco estudia articular vías de mediación entre los deudores y las entidades financieras para evitar los desahucios judiciales, y atenderá así la petición que le ha realizado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

En el acto solemne de apertura del Año Judicial en el País Vasco, celebrado este mediodía en Bilbao, Ibarra ha instado al Ejecutivo autonómico a usar sus competencias en materia de protección al consumidor y de dotación de servicios de mediación procesal para frenar el imparable aumento de ese tipo de situaciones, así como ha aconsejado "sobredimensionar las facultades del juez" en esta materia.

Según ha dicho el presidente del TSJPV, "el ejercicio del derecho por parte de los acreedores tiene como límite la vulneración de la dignidad de las personas".

El lehendakari ha respondido a Ibarra que su Ejecutivo estudia nuevas vías de mediación porque "una administración pública no puede quedarse de brazos cruzados ante el drama de familias que deben abandonar su casa por no poder devolver al banco un préstamo".

Con esta medida el mandatario vasco respondía a las exigencias realizadas previamente por el presidente del TSJPV, Juan Luis Ibarra, que ha sugerido una "actuación previa y preventiva". Así, ha puesto a Francia como "ejemplo a seguir" y ha abogado por la creación en cada Departamento, de las comisiones administrativas de tratamiento del exceso de endeudamiento de las personas físicas.

Según ha explicado, la regulación del procedimiento se encuentra en el Título III del Código de Consumo y define un "excelente cauce de mediación civil al servicio de las personas en situación de sobreendeudamiento familiar"."La Comunidad Autónoma del País Vasco goza de competencias legislativas en materia de protección del consumidor y de las plenas atribuciones para la creación y dotación de los servicios de mediación intraprocesal", ha dicho.

La finalidad consistiría en que desde la Administración autonómica y por el cauce de los órganos administrativos de mediación se facilite al juez de ejecución un plan convencional de liquidación de la deuda adecuado a la capacidad de pago del deudor de buena fe cuya situación de exceso de endeudamiento le impide cumplir con sus obligaciones.

"Este plan determinaría por tanto el mínimo de subsistencia de la persona o de la unidad familiar deudora y establecería el orden de satisfacción de las deudas contraídas, así como las medidas de aplazamiento, de reducción o supresión de intereses o de otras medidas de mediación amistosa", ha explicado.

Dación en pago

Ibarra ha hecho hincapié en que el endeudamiento familiar se ha convertido en un "grave problema" y se ha mostrado partidaria de la dación en pago del bien hipotecario para la liberación de la deuda, ya que esta vía "está desde siempre contemplada en el artículo 1175 del Código civil".